El Ministerio de Justicia se encuentra en el centro de un profundo sacudimiento institucional luego del escape de dos reclusos y el posterior desmantelamiento de privilegios ilegales en la penitenciaría de Emboscada. La pesquisa fiscal provocó dimisiones de altos cargos, la remoción de directores y múltiples imputaciones penales por encubrimiento. El escándalo reveló la presunta protección a convictos vinculados con esquemas de crimen organizado y narcotráfico.
La evasión en Emboscada y el retiro de dispositivos
La evasión se concretó el pasado domingo 25 de octubre en el módulo de máxima seguridad Martín Mendoza, ubicado en el departamento de Cordillera. Los condenados que lograron escapar fueron identificados como Éver Alejandro Ozuna López, sentenciado por secuestro y homicidio, y Robert Arsenio Merlo Villalba, condenado por tráfico de drogas y asesinato. Ambos compartían la misma celda dentro del módulo 7 Baja antes de huir de las instalaciones.
A raíz del hecho, la fiscala Fabiola Jazmín Sosa Dalla Fontana asumió la causa y dispuso la aprehensión inicial de cuatro guardiacárceles. De acuerdo con los datos de la investigación, los agentes habrían participado en la extracción irregular de teléfonos móviles y equipos informáticos. Estos aparatos estaban en poder de reclusos alojados en el sector vip del módulo 7 Alta.
Los custodios aprehendidos fueron identificados como Pedro Antonio Balbuena Gayoso, Leandro David Guzmán Maidana, Héctor Enrique Ozuna Giménez y Carlos Martín Agüero Cáceres. Todos ellos recuperaron su libertad al día siguiente tras prestar testimonio. En sus declaraciones, señalaron que cumplieron instrucciones directas emanadas de la cúpula de seguridad penitenciaria del penal.
Presos con comodidades y jefes penitenciarios procesados
Entre los internos que gozaban de celdas con privilegios figuran Alexandre Rodrigues Gomes, procesado en causas vinculadas a estupefacientes, y José Alberto Insfrán Galeano. La lista de ocupantes también incluye a Thiago Alessandro De Oliveira Dávalos Brites, Alexis Vidal González Zárate, José Fernando Darío Estigarribia Cristaldo, Luis Alberto Paiva Gutiérrez, Marcio Gayoso y Oliver Daniel Lezcano Galeano. Con excepción de este último, todos afrontan causas penales por narcotráfico.
Los testimonios apuntaron contra el director del penal, Pablo Abel González Apuril, y los mandos de guardia Aldo Agustín Galeano Ibarra y Mario Cristaldo. No obstante, solo el exdirector quedó bajo detención formal e imputado penalmente, debido a que sus subalternos cooperaron y lo responsabilizaron por las directivas impartidas. Las imputaciones corresponden a la presunta frustración de la persecución penal y realización del hecho por parte de funcionarios.
Asimismo, la pesquisa involucró al subcomisario Derlis Ramón Cáceres Talavera, quien se desempeñaba como director de Inteligencia Penitenciaria hasta finales de setiembre. El agente policial se entregó ante la Fiscalía tras una intervención en su vivienda de Villa Elisa. La representación fiscal le atribuyó cargos idénticos por favorecer presuntamente las irregularidades detectadas.
Cambios y denuncias internas en el Ministerio de Justicia
La crisis se agravó durante un allanamiento fiscal desarrollado en la sede de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios en la capital del país. En ese contexto, el presidente de la República formalizó mediante decreto la destitución del coronel retirado Rubén Darío Peña Weisensee. Para asumir dicha repartición, el Gobierno designó al comisario general director retirado Óscar Rafael Pereira Aguilar.
Durante el operativo en Asunción se produjo una discusión verbal entre Peña Weisensee y el entonces viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel Guerreño. Ambos funcionarios se cruzaron acusaciones sobre quién autorizaba las comodidades penitenciarias y los traslados irregulares. Pocas horas después, Maciel dimitió a su cargo en el Ministerio de Justicia tras trascender que uno de sus hermanos ejerce como abogado defensor de un preso del módulo intervenido.
Las pesquisas del Ministerio Público continúan abiertas y no se descartan nuevas imputaciones contra los funcionarios superiores involucrados. Para la ciudadanía paraguaya, el caso evidencia la fragilidad de las medidas de máxima seguridad y la necesidad de una profunda depuración del sistema penitenciario nacional.
Datos clave
- Dos reclusos peligrosos escaparon de la penitenciaría de Emboscada, lo que destapó un esquema de privilegios para convictos de alta peligrosidad.
- Un exdirector y un subcomisario fueron imputados por presunta frustración de la persecución penal y favorecimiento indebido desde sus funciones.
- Renunció el viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel Guerreño, tras descubrirse el vínculo profesional de su hermano con un recluso vip.
- El Poder Ejecutivo removió al director general de Establecimientos Penitenciarios y nombró en su reemplazo a Óscar Rafael Pereira Aguilar.
