El régimen de Nicaragua notificó su retiro con efecto inmediato del Parlamento Centroamericano en Managua, luego de denunciar el tratado fundacional de la institución regional. La Cancillería comunicó la resolución a la directiva del bloque legislativo sin exponer los argumentos detrás de la medida. Esta determinación amplía la lista de entidades multilaterales abandonadas por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde la crisis sociopolítica de 2018.
La salida del Parlamento Centroamericano y el dilema jurídico
El Parlamento Centroamericano, compuesto por representantes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, confirmó que evalúa el alcance de la nota remitida. Juristas y analistas en derecho internacional destacaron que el acuerdo constitutivo no contempla una cláusula formal de retiro voluntario. Por este motivo, la pretendida desvinculación unilateral generará controversias jurídicas complejas en el ámbito diplomático.
La renuncia ocurre tras un pronunciamiento de la Organización de los Estados Americanos que exigió comicios transparentes en el territorio nicaragüense. Dicho organismo multilateral reclamó también la libertad incondicional de los detenidos por causas políticas y la inmediata restauración de la separación de poderes en el país centroamericano.
Las rupturas diplomáticas del régimen de Nicaragua
La separación del foro legislativo regional representa un eslabón más dentro de una política exterior confrontativa que se aceleró durante 2025. El gobierno nicaragüense intensificó sus fracturas con agencias del sistema de las Naciones Unidas a medida que se multiplicaban las advertencias sobre derechos humanos y crisis alimentaria.
A inicios de febrero de 2025, el régimen de Nicaragua ordenó la clausura de las dependencias de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. La resolución oficial respondió a un diagnóstico técnico que posicionó al país entre los territorios con mayores índices de desnutrición en el mundo.
Semanas después, las autoridades formalizaron su retiro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esta determinación surgió a raíz de un informe internacional que recomendó condicionar los beneficios comerciales ante denuncias por el despojo arbitrario de la nacionalidad a más de cuatrocientos ciudadanos críticos.
Cuestionamientos globales y el impacto en la región
Durante el mismo período, la administración sandinista resolvió abandonar la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Internacional para las Migraciones. Las autoridades acusaron a tales organismos de cometer injerencia política y de prestarse a maniobras desestabilizadoras contra el Estado.
Posteriormente, Managua canceló su membresía en la Unesco tras otorgarse una distinción a la libertad de prensa a un diario local opositor, y poco después rompió vínculos con el Alto Comisionado para los Refugiados. Estas reacciones replicaron el antecedente de noviembre de 2023, cuando el país consumó su desvinculación definitiva de la Organización de los Estados Americanos.
Para la comunidad internacional y los países sudamericanos como Paraguay, las decisiones adoptadas por el régimen de Nicaragua marcan un precedente complejo sobre el debilitamiento de los compromisos multilaterales y la protección de los derechos fundamentales. El aislamiento progresivo de la nación centroamericana reduce las vías diplomáticas para la cooperación regional y la rendición de cuentas.
Datos clave
- Retiro del foro regional: Nicaragua denunció el tratado constitutivo del Parlacen sin detallar razones de su salida inmediata.
- Antecedentes multilaterales: Managua ya formalizó su alejamiento definitivo de la OEA, FAO, OIT, Unesco y Acnur.
- Informes críticos: Las expulsiones y desvinculaciones coinciden con denuncias internacionales sobre detenciones políticas y despojo de nacionalidades.
- Dilema legal: El tratado constitutivo del Parlacen carece de un mecanismo explícito de denuncia unilateral por parte de los Estados miembros.
