El debate sobre la reforma judicial en Guatemala quedó envuelto en un clima de tensión tras la denuncia pública del abogado Édgar Ortiz Romero sobre seguimientos y amenazas contra su entorno. El jurista expuso que tanto sus familiares como voluntarios del colectivo civil Poder Ciudadano sufren hostigamientos constantes en Ciudad de Guatemala. Ante este escenario, la organización resolvió cancelar el Congreso Ciudadano que estaba convocado para finales de octubre.
Hostigamientos y cancelación de actividades ciudadanas
A través de una declaración en video difundida en redes sociales, Ortiz detalló que sujetos desconocidos vigilan de forma reiterada los desplazamientos de los miembros de la iniciativa. De acuerdo con el abogado, existen registros fotográficos y documentación que demuestran cómo diversos individuos rastrean sus posiciones en tiempo real. Debido a esta situación crítica, la agrupación implementó un esquema de seguridad privada y suspendió jornadas de firmas en la vía pública.
El profesional del derecho manifestó que ya presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público durante el mes de septiembre y que ampliará los datos recolectados. Según afirmó Ortiz, la gravedad de los amedrentamientos aumentó de manera considerable en las últimas semanas. Las alertas se intensificaron luego de que el 17 de octubre fuera asesinado el exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa en la capital guatemalteca.
Los alcances del proyecto de reforma judicial en Guatemala
La propuesta ciudadana tiene como meta una profunda transformación de la administración de justicia mediante la modificación de 24 artículos de la Constitución guatemalteca. Entre sus ejes centrales figura la supresión de las comisiones de postulación, las cuales intervienen en la designación de las principales autoridades jurisdiccionales. Asimismo, el texto busca retirar al Congreso la potestad de seleccionar a cientos de magistrados cada cinco años.
El plan legislativo propone instaurar un mecanismo de renovación escalonada en las altas cortes para salvaguardar la independencia de los jueces. Otro punto primordial radica en escindir las tareas estrictamente administrativas de las funciones jurisdiccionales dentro de la Corte Suprema de Justicia. Con estas medidas, los promotores aspiran a instituir una carrera judicial basada en méritos comprobados y desligada de presiones partidarias o sectores de poder.
El contexto regional y los obstáculos jurídicos
El panorama de hostigamiento hacia promotores de reformas procesales en Centroamérica despierta constante atención en la comunidad jurídica internacional. Integrantes de la sociedad civil sostienen que los ataques contra iniciativas ciudadanas debilitan las garantías del Estado de derecho y la transparencia institucional. La protección efectiva de juristas y activistas representa un reclamo prioritario ante las instancias judiciales locales frente a los reiterados hechos de violencia.
Para impulsar la iniciativa, el movimiento entregó 16.500 firmas ciudadanas ante el Congreso de Guatemala, superando el mínimo legal requerido de 5.000 rúbricas de electores habilitados. El tratamiento parlamentario exige el respaldo de una mayoría calificada de 107 diputados para habilitar un eventual plebiscito nacional. De obtener dicho aval institucional, la reforma judicial en Guatemala podría someterse al voto de la población junto a los comicios generales de 2027.
Sin embargo, la propuesta ya encuentra resistencia en los estrados judiciales del país centroamericano. El Centro para la Defensa de la Constitución promovió una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad con el propósito de detener el expediente. El planteamiento judicial cuestiona la autenticidad de las firmas recopiladas y busca paralizar la tramitación de una reforma judicial en Guatemala que genera amplias controversias políticas.
Datos clave
- Denuncia de hostigamiento: El jurista Édgar Ortiz denunció persecución, espionaje y amenazas directas contra su familia y colaboradores del colectivo Poder Ciudadano.
- Suspensión de eventos: La organización resolvió suspender la recolección de firmas y cancelar el Congreso Ciudadano previsto para el 31 de octubre.
- Ejes del proyecto: La iniciativa busca modificar 24 artículos constitucionales, eliminar las comisiones de postulación y profesionalizar la carrera judicial.
- Trámite legislativo: Se precisan 107 votos de diputados para validar la consulta popular proyectada tentativamente para el año 2027.
- Freno judicial: Un amparo tramitado ante la Corte de Constitucionalidad busca impugnar la autenticidad de las 16.500 firmas presentadas.
