Una investigación sobre una supuesta red de pornografía infantil derivó en la detención de un docente universitario en Costa Rica, sospechoso de integrar un esquema digital internacional. El procedimiento fue ejecutado por agentes de la Sección Especializada contra el Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) bajo la dirección funcional del Ministerio Público. La captura tuvo lugar en una vivienda situada en la localidad de Salitrillos de Aserrí, al sur de la capital costarricense.
El detenido fue identificado como un hombre de apellidos Altamirano Campos, de 32 años, quien prestaba servicios académicos en la Universidad de Costa Rica. El operativo comenzó alrededor de las 6:00 de la mañana, luego de pesquisas técnicas sostenidas durante más de un año y medio. Durante el allanamiento, las autoridades incautaron computadoras, teléfonos y unidades de memoria que serán sometidos a peritajes de informática forense.
El alcance de la supuesta red de pornografía infantil
Las averiguaciones judiciales revelaron la existencia de un grupo dentro de la aplicación de mensajería WhatsApp conformado por unos 177 usuarios de múltiples nacionalidades. Según las pesquisas preliminares, el docente universitario figuraba como el único presunto participante de nacionalidad costarricense individualizado hasta el momento en dicho espacio virtual.
Los agentes detectaron el intercambio de cerca de 500 archivos con registros visuales de abusos contra personas menores de edad. Los datos señalan que estos documentos habrían sido cargados, descargados, recibidos o remitidos a través de canales telemáticos. Las autoridades aclararon que la cifra de integrantes del chat no implica necesariamente que la totalidad de ellos se encuentre procesada o individualizada formalmente por la justicia.
Origen de la pesquisa y peritajes forenses
El caso se originó a partir de una alerta internacional remitida desde el exterior en mayo de 2025, la cual daba cuenta de movimientos ilícitos detectados inicialmente en abril de ese mismo año. Con base en esos reportes tecnológicos, el personal de cibercrimen rastreó las conexiones, perfiles y direcciones vinculadas a la actividad ilícita denunciada.
Los peritos informáticos analizarán ahora los soportes físicos y lógicos secuestrados en la vivienda para reconstruir la trazabilidad del contenido. Este procedimiento técnico determinará con exactitud si los archivos investigados permanecían guardados en los dispositivos del imputado o si su tráfico se gestionaba mediante servidores y plataformas en la nube. Las conclusiones periciales resultarán determinantes para sostener la acusación formal en sede penal.
Sanciones legales y postura institucional
En la legislación costarricense, la vinculación con una red de pornografía infantil acarrea severas sanciones privativas de libertad estipuladas en el Código Penal. El artículo 173 bis fija penas de dos a cinco años de prisión por la tenencia o almacenamiento de estos materiales ilícitos. Asimismo, el artículo 174 impone castigos de cinco a nueve años de encierro para quienes difundan, distribuyan o comercialicen contenidos de explotación de menores, normativa reforzada en 2021 mediante la Ley N.º 10020.
Ante la detención, la Universidad de Costa Rica emitió un pronunciamiento institucional en el que condenó categóricamente cualquier conducta de abuso o explotación hacia niños y adolescentes. La entidad anunció la apertura de las diligencias disciplinarias, administrativas y legales correspondientes contra el funcionario intervenido. Altamirano Campos quedó a disposición del Ministerio Público, órgano que definirá la solicitud de medidas cautelares ante el juzgado penal competente.
Datos clave
- Sospechoso aprehendido: Un docente universitario de 32 años, de apellidos Altamirano Campos, fue capturado en Salitrillos de Aserrí.
- Plataforma investigada: Integraba presuntamente un grupo de mensajería con 177 miembros de varios países donde circulaban 500 archivos ilícitos.
- Antecedente internacional: La pesquisa comenzó en mayo de 2025 tras una notificación del exterior sobre tráfico de material abusivo.
- Marco penal: Las leyes de Costa Rica contemplan condenas de hasta nueve años de cárcel por tenencia y distribución de estos contenidos.
