El reclamo de mayor protección a periodistas cobró fuerza durante un acto conmemorativo realizado frente a la sede del diario ABC Color en Asunción. Integrantes del Sindicato de Periodistas del Paraguay y de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay recordaron los crímenes de Pablo Medina y Antonia Almada, perpetrados en el departamento de Canindeyú. Los manifestantes insistieron en la urgencia de sancionar un marco legal que resguarde el ejercicio de la prensa frente al avance del crimen organizado.
Exigencia de una ley de protección a periodistas
Santiago Ortiz, secretario general del gremio, sostuvo que la memoria de las víctimas debe motivar la revalorización del oficio ante el constante reacomodo de los grupos de poder. El dirigente sindical enfatizó que el periodismo constituye una herramienta indispensable para defender las instituciones democráticas más allá de intereses corporativos. En ese contexto, remarcó la necesidad de implementar una efectiva protección a periodistas para garantizar investigaciones seguras en zonas de frontera y comunidades vulnerables.
Ortiz subrayó que de veintidós comunicadores asesinados durante la era democrática en Paraguay, diecinueve causas permanecen en la absoluta impunidad. Esta falta de respuestas judiciales expone la situación de indefensión de quienes investigan estructuras delictivas en el territorio nacional. Por este motivo, el sector demanda el tratamiento prioritario del proyecto normativo que permanece estancado en la Cámara de Senadores sin registrar avances sustanciales.
El antecedente del crimen y la narcopolítica
El homicidio del corresponsal Pablo Medina y de su asistente Antonia Almada ocurrió bajo las órdenes de Vilmar Acosta Marques, exintendente de Ypejhú condenado como autor intelectual del atentado. Los disparos fatales fueron ejecutados por Wilson Acosta Marques y Flavio Acosta Riveros, quienes también recibieron condenas judiciales por este suceso. El proceso judicial sentó un precedente histórico en el país al sancionar conjuntamente a los ideólogos y ejecutores en un atentado contra trabajadores de prensa.
La jefa de la sección interior del periódico, Magdalena Benítez, recordó que la investigación penal avanzó gracias a un informe que Medina guardó en su computadora. En aquel escrito, el comunicador describía vínculos entre clanes criminales y referentes de la política en Canindeyú, mencionando directamente a la diputada Cristina Villalba. La periodista añadió que la redacción regional ya había sufrido disparos previos y hostigamientos constantes antes del desenlace fatal.
Violencia digital y cumplimiento de fallos internacionales
Durante la movilización, Dante Leguizamón, secretario ejecutivo de Codehupy, instó al Estado paraguayo a dar cumplimiento integral a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Santiago Leguizamón. El representante señaló que este mandato internacional contempla medidas prácticas contra la impunidad y protocolos especiales para reporteros apostados en zonas fronterizas. Aseguró que la articulación social continuará exigiendo garantías reales para el libre ejercicio informativo.
A su turno, Pedro Da Re, directivo del sindicato, alertó sobre los peligros que enfrentan los trabajadores de prensa en plataformas virtuales mediante campañas sistemáticas de desprestigio. Destacó que tanto la violencia física como la manipulación informática buscan acallar denuncias públicas de corrupción. Finalmente, el fray Juan Núñez resaltó el compromiso ético de quienes defienden la verdad a pesar de las amenazas directas hacia su integridad física.
Los participantes insistieron en que las autoridades no pueden seguir postergando las herramientas de protección a periodistas ante la evidente penetración del narcotráfico en esferas públicas. Sin políticas de seguridad coordinadas ni presupuesto destinado a salvaguardar a los investigadores, el trabajo reporteril en el interior del país permanecerá bajo riesgo constante. La jornada concluyó con un llamado a la ciudadanía para acompañar la defensa del derecho colectivo a una información veraz.
Datos clave
- Homenaje gremial: El Sindicato de Periodistas del Paraguay y Codehupy se movilizaron en Asunción al cumplirse doce años del asesinato de Pablo Medina y Antonia Almada.
- Demanda legislativa: Las organizaciones reclaman la aprobación urgente del proyecto de ley de seguridad estancado actualmente en la Cámara de Senadores.
- Impunidad persistente: De veintidós crímenes cometidos contra la prensa en la era democrática paraguaya, diecinueve expedientes continúan sin sanción para los culpables.
- Condenas históricas: El proceso penal por el caso Medina logró condenas ejemplares tanto para el autor intelectual como para los sicarios ejecutores.
