La aplicación constante de la prisión preventiva satura las cárceles paraguayas y responde con frecuencia al temor de los magistrados a la condena mediática, advirtió el defensor general Javier Esquivel en Asunción. La máxima autoridad de la Defensa Pública explicó que muchos jueces resuelven medidas privativas antes que alternativas para evitar cuestionamientos públicos y eventuales investigaciones del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
El impacto del abuso de la prisión preventiva
En la actualidad, las penitenciarías del país albergan a unas 20.500 personas, con una proporción alarmante en la que siete de cada diez internos carecen de una sentencia definitiva. Esta sobrepoblación genera un gasto aproximado de 6.500.000 guaraníes al año por cada recluso para el Estado, en un contexto en el cual la población carcelaria crece a un ritmo estimado de mil personas por año.
Esquivel recalcó que los operadores de justicia recurren a la prisión preventiva debido a presiones externas, pues las acusaciones periodísticas motivan con rapidez intervenciones disciplinarias contra los magistrados. Esta conducta preventiva de los propios jueces termina desvirtuando los fines constitucionales de la pena, ya que los problemas estructurales de la sociedad no encuentran solución dentro del encierro preventivo.
Alternativas de reinserción y mediación penal
Como respuesta ante la crisis penitenciaria, la Defensa Pública impulsa la Asociación de Postpenados Nuevo Horizonte, una iniciativa ciudadana destinada a contener a las personas que salen en libertad. La falta de oportunidades laborales y el rechazo social empujan a una gran cantidad de egresados del sistema penal a reincidir o incorporarse a estructuras delictivas de microtráfico para subsistir.
La organización ya cuenta con personería jurídica para facilitar la emisión de comprobantes legales y el acceso a trabajos formales de sus miembros. La institución promueve una filial en Amambay con apoyo de la cooperación española y busca que el Poder Ejecutivo apruebe un decreto, similar al esquema de compras locales de Hambre Cero, para incorporar esta mano de obra en proyectos como Che Róga Porã.
De igual manera, Esquivel planteó avanzar hacia la mediación en hechos punibles contra los bienes materiales. Unos tres mil casos conciliables podrían resolverse por vías alternativas, lo que permitiría descomprimir de manera inmediata recintos hacinados como la penitenciaría de Tacumbú. Respecto a la ley de aranceles para usuarios del servicio estatal, recordó que la propuesta sufrió el veto presidencial.
El derecho al sufragio de los procesados
Por otra parte, la Defensa Pública coordina acciones con el Ministerio de Justicia y la Justicia Electoral para garantizar que las personas procesadas ejerzan el sufragio. Cerca de 18.200 personas recluidas conservan sus derechos cívicos intactos por no contar con una condena firme, ya que la Constitución de la República del Paraguay solo restringe la ciudadanía tras una sanción penal definitiva.
Las restricciones vigentes alcanzan exclusivamente a los sentenciados y a las personas prófugas declaradas en rebeldía. Para efectivizar el sufragio sin proselitismo en los centros penitenciarios, las instituciones involucradas conformaron una mesa técnica encargada del empadronamiento, la capacitación electoral y el protocolo de votación.
Datos clave
- Población penal desbalanceada: El sistema alberga a 20.500 reclusos, de los cuales el 70 % se encuentra procesado sin condena firme.
- Costo penitenciario elevado: Cada interno demanda un gasto anual de 6.500.000 guaraníes al Estado, con un aumento proyectado de mil reos por año.
- Voto para procesados: Una mesa interinstitucional gestiona el sufragio de 18.200 personas privadas de libertad amparadas por la presunción de inocencia.
- Iniciativas de reinserción: La Asociación de Postpenados Nuevo Horizonte busca empleo formal para evitar que exconvictos reincidan en el delito.
