La persecución religiosa en Cuba marcó la vida de Carlos Alberto Montoya, quien denunció tres décadas continuas de hostigamiento tras manifestar su fe ante sus superiores en 1994. El exmiembro de las fuerzas de seguridad pública de la isla caribeña expuso que las represalias oficiales abarcaron despidos sistemáticos, multas económicas y una constante vigilancia sobre su núcleo familiar. El testimonio fue brindado recientemente al medio digital Diario de Cuba.
El afectado tenía aproximadamente veinte años cuando decidió comunicar a los mandos de su unidad policial que asistía a un templo cristiano y buscaba un acercamiento espiritual. Este suceso ocurrió semanas antes de las masivas protestas populares conocidas como el Maleconazo, registradas en agosto de 1994 en la capital cubana. Según rememoró el denunciante, la respuesta de las autoridades consistió en burlas, intimidaciones, su desafiliación de la Unión de Jóvenes Comunistas y la posterior expulsión del cuerpo policial.
Un juicio disciplinario por motivos de conciencia
Poco después de las protestas de 1994, efectivos de la Contrainteligencia Militar arrestaron a Montoya y le comunicaron formalmente su baja del Ministerio del Interior. A pesar de haber sido desvinculado, permaneció privado de su libertad durante varios días mientras era trasladado entre diversas dependencias bajo custodia castrense, a la espera de un procedimiento sumario.
Posteriormente, las autoridades de la unidad convocaron a un tribunal de honor, una instancia interna de evaluación militar sin competencias penales. Montoya explicó que sus superiores y colegas reconocieron sus aptitudes operativas y disciplina previa, pero cuestionaron con severidad su conversión a la corriente pentecostal. Durante la sesión, los oficiales le plantearon dilemas hipotéticos sobre cómo actuaría ante supuestos delitos cometidos por personas de su misma creencia o si su apego a mandamientos bíblicos impediría abatir a un agresor en servicio.
Impacto de la persecución religiosa en Cuba en el entorno familiar
Tras perder su puesto en el aparato de seguridad, Montoya enfrentó severas restricciones para insertarse en el mercado de trabajo. De acuerdo con su relato, miembros de la Seguridad del Estado se presentaban en los centros de empleo donde lograba colocarse y presionaban a los administradores para despedirlo de manera inmediata. Esta sistemática persecución religiosa en Cuba buscaba forzarlo a una precariedad económica extrema para quebrar su postura.
La hostilidad gubernamental también alcanzó los emprendimientos independientes que intentó desarrollar. En una oportunidad le impusieron una sanción económica de 48.000 pesos con el fin de forzar la entrega de su licencia comercial. Al contraer matrimonio e iniciar una familia desde 1999, las medidas represivas alcanzaron a sus descendientes en las escuelas, donde los menores eran hostigados por negarse a rendir tributo a consignas de corte partidario o entonar himnos oficiales.
Secuelas psicológicas y situación comunitaria actual
En la actualidad, Montoya ejerce como instructor dentro de la Comunidad Noájida de Cuba, una corriente monoteísta vinculada a preceptos éticos del judaísmo. Aunque valora su pasado en las filas policiales por haberle permitido contrastar el funcionamiento del régimen con el marco de los derechos fundamentales, asegura que sufre secuelas permanentes como insomnio y estados constantes de alerta ante la posibilidad de un nuevo encarcelamiento.
La familia vive bajo el temor persistente de un ataque o una desaparición forzada en la vía pública. Montoya manifestó que la persecución religiosa en Cuba no solo destruyó sus posibilidades de sustento económico digno, sino que generó traumas psicológicos profundos en sus allegados más cercanos.
Datos clave
- Treinta años de hostigamiento: Carlos Alberto Montoya denunció acoso político, laboral y religioso continuo desde su conversión en 1994.
- Separación de la fuerza: El afectado fue expulsado del Ministerio del Interior tras un tribunal disciplinario que cuestionó su fe pentecostal.
- Afectación familiar y económica: La Seguridad del Estado promovió despidos en sus empleos posteriores e impuso sanciones a sus actividades privadas.
- Secuelas de salud: El denunciante reporta alteraciones crónicas del sueño y temor permanente ante eventuales represalias físicas o detenciones.
