El conteo de presos políticos en Nicaragua subió a 68 personas tras registrarse ocho incorporaciones recientes, según un balance presentado por la Asociación Memoria y Justicia (AMJ) con corte al 24 de septiembre de 2026. La organización independiente alertó que casi la mitad de los recluidos se encuentran en condición de desaparición forzada, lo que genera alarma entre defensores de garantías fundamentales en toda la región.
El relevamiento fue elaborado por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, una entidad técnica perteneciente a la citada asociación. De acuerdo con el desglose presentado en su documentación, la lista comprende en la actualidad a 53 hombres y 15 mujeres, con un preocupante registro de dos niñas menores de edad bajo encierro arbitrario.
Aumento de detenciones y desapariciones forzadas
El reporte detalla que un total de 31 personas se encuentran catalogadas bajo desaparición forzada. Para la organización civil, esta calificación responde a que no se ha podido confirmar de forma autónoma la ubicación de los afectados, su condición médica ni las circunstancias concretas de su encierro.
La entidad de monitoreo remarcó que la incomunicación absoluta profundiza los riesgos directos para la integridad física y psicológica de los afectados. Los antecedentes registrados en la nación centroamericana evidencian que permanecer sin contacto con el entorno exterior, sin asistencia legal ni atención sanitaria adecuada suele derivar en graves secuelas a nivel personal y familiar.
Perfil de las personas incorporadas a la lista
Dentro de las novedades introducidas en el balance, seis arrestos se ejecutaron durante operativos realizados a escala nacional los días 4 y 14 de julio de 2026. Los investigadores del organismo de derechos humanos continúan recopilando datos y contrastando testimonios vinculados a esas redadas.
Entre los nombres sumados al padrón de presos políticos en Nicaragua figura Thelma Montenegro, señalada por la organización como integrante de una familia sometida a sistemática persecución y actos violentos atribuidos al régimen nicaragüense. Asimismo, el listado añadió la causa del profesional del derecho Kenthyn Téllez, cuya detención aconteció en 2025 pero fue notificada de forma tardía a los veedores.
La presencia de Claudia Magaly Munguía Mayorga también resalta en las alertas emitidas por la asociación. La entidad enfatizó que el incremento de mujeres y la presencia de menores de edad privadas de su libertad demanda un llamado de atención urgente hacia la comunidad internacional.
El contexto regional y la situación de los presos políticos en Nicaragua
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas realiza un trabajo permanente de sistematización para denunciar las vulneraciones institucionales en territorio nicaragüense. Para la opinión pública internacional y la sociedad de Paraguay, la situación institucional en América Central representa un foco constante de preocupación respecto al retroceso democrático y el debilitamiento de los organismos de control.
Diversos organismos multilaterales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han tenido que intervenir emitiendo medidas cautelares y solicitudes urgentes ante la falta de garantías procesales. La ausencia de supervisión independiente y la falta de transparencia del sistema penitenciario agravan el desamparo de las familias de los presos políticos en Nicaragua.
Datos clave
- Cifra global: El padrón registra 68 personas privadas de su libertad por motivaciones políticas, de las cuales 53 son varones y 15 mujeres.
- Desaparición forzada: Un total de 31 reclusos permanecen incomunicados sin información oficial sobre su paradero ni estado de salud.
- Menores identificadas: El informe advierte que entre las mujeres bajo custodia figuran dos niñas menores de edad.
- Casos recientes: Seis de las últimas incorporaciones ocurrieron tras redadas policiales ejecutadas en julio de 2026.
