La situación que enfrentan los periodistas en Cuba sumó un nuevo episodio de hostigamiento tras la retención de un matrimonio de comunicadores comunitarios en La Habana. Dunia Medina y Alejandro Uranga, integrantes de la publicación barrial Amanecer Habanero, permanecieron demorados durante unas seis horas en una sede policial del municipio Diez de Octubre. Ambos sufrieron presiones psicológicas e intimidaciones con causas penales si continúan difundiendo informaciones de carácter social.
El incidente fue documentado por el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión a partir del testimonio remitido por los propios comunicadores. La entidad precisó que no existen declaraciones oficiales de las autoridades gubernamentales ni otros reportes independientes sobre lo acontecido en la dependencia policial.
Un procedimiento sin orden judicial contra periodistas en Cuba
El hecho comenzó cuando un hombre con ropas de civil interceptó a Uranga en las inmediaciones de su domicilio mientras arrojaba desechos domésticos. El individuo le ordenó verbalmente que él y su esposa debían acudir a la Unidad Policial de Aguilera a primera hora del día siguiente.
Ante la solicitud de una notificación formal por escrito, el agente estatal se rehusó a entregar cualquier documento justificativo. En cambio, advirtió al comunicador que si la pareja no se presentaba de manera voluntaria, acudirían a buscarlos a su vivienda en calidad de detenidos.
Frente a la advertencia, ambos comunicadores llegaron a la estación policial antes de las ocho de la mañana. Una vez dentro de la unidad, los uniformados los ubicaron en oficinas separadas, donde permanecieron aislados durante lapsos prolongados mientras esperaban el inicio de los interrogatorios.
Interrogatorios e intimidación psicológica en la estación policial
Durante las entrevistas individuales, diversos funcionarios cuestionaron en profundidad la labor de los redactores para el medio barrial. Los agentes intentaron conocer quién los reclutó para colaborar, las vías informáticas utilizadas para remitir los artículos, la identidad de los coordinadores y los montos percibidos por cada publicación.
Ambos redactores decidieron guardar silencio y no responder a las preguntas sobre el funcionamiento interno de su trabajo. Medina afirmó que la calificaron de mercenaria y que un agente le comunicó formalmente que estaba detenida tras negarse a suscribir una advertencia legal.
Por su parte, Uranga relató que un oficial superior le gritó que su esposa permanecería encarcelada en la celda. Al concluir el trámite, los efectivos le retuvieron el documento de identidad hasta la salida del recinto, donde comprobó que su cónyuge ya se encontraba en la vía pública.
Antecedentes y restricciones a la labor informativa
La organización defensora de los derechos civiles clasificó el hecho como una privación arbitraria de la libertad y un acto de coacción psicológica. Ninguno de los dos afectados contó con asistencia jurídica ni tuvo acceso a una orden judicial que avalara la permanencia forzada en la sede policial.
Los dos redactores ya habían experimentado interrupciones dirigidas en sus servicios de comunicación telefónica e internet durante meses previos. Sus coberturas habituales reflejan problemáticas cotidianas de las comunidades urbanas, tales como filtraciones cloacales, desabastecimiento de medicamentos en farmacias y precariedad edilicia.
Este tipo de hostigamientos adquiere relevancia en el escenario regional para las organizaciones de derechos humanos que monitorean las libertades civiles en el continente. La utilización de advertencias penales sin respaldo judicial representa un mecanismo recurrente para desarticular iniciativas informativas locales.
Datos clave
- Retención prolongada: Los comunicadores Dunia Medina y Alejandro Uranga estuvieron seis horas demorados en la Unidad Policial de Aguilera en La Habana.
- Citación irregular: El procedimiento se inició con una orden verbal en la vía pública sin documento judicial que acreditara la comparecencia obligatoria.
- Coacción psicológica: Los agentes amenazaron al matrimonio con sanciones de prisión si no abandonaban su trabajo en el boletín comunitario.
- Línea editorial: La pareja reportaba de manera periódica sobre deficiencias en servicios básicos, problemas edilicios y crisis de medicamentos en barrios habaneros.
