La propuesta de ley contra la usura superó dos debates en el Congreso de Guatemala y avanzó a su fase de redacción final en la Comisión de Economía y Comercio Exterior. La normativa busca regular el cobro de créditos informales, frenar el acoso a los deudores y resguardar el salario mínimo de los embargos judiciales. La mesa de trabajo revisó las modificaciones consensuadas antes de enviar el documento al pleno para su votación definitiva.
Alcances de la ley contra la usura y sectores excluidos
El dictamen parlamentario delimita con claridad quiénes estarán alcanzados por las nuevas disposiciones legales. La iniciativa legislativa 6614 excluye expresamente a las entidades bancarias tradicionales, las cooperativas de ahorro y crédito, y las organizaciones microfinancieras formalmente reconocidas. La diputada ponente Nadia de León aclaró que dichas instituciones ya cuentan con marcos normativos propios y supervisión estatal continua.
De esta manera, el foco regulatorio recaerá sobre los prestamistas informales, los comercios que otorgan financiamiento directo y las empresas gestoras de cobro. El presidente de la comisión legislativa, Jorge Ayala, enfatizó que era indispensable dejar fijadas estas excepciones en el texto. La redacción final contó con el aporte técnico de la Asociación Bancaria de Guatemala y de la Superintendencia de Bancos.
Protección del salario y topes a los intereses
Uno de los pilares del proyecto legislativo es la imposición de límites rigurosos para evitar endeudamientos asfixiantes. El texto aprobado en comisión determina que las tasas de interés ordinarias y moratorias no podrán exceder el doble del promedio activo fijado por el Banco de Guatemala. Asimismo, el proyecto declara nulas todas aquellas cláusulas contractuales consideradas abusivas, como la capitalización de intereses no devengados y las sanciones económicas desproporcionadas.
En materia laboral, la normativa busca blindar la subsistencia económica de los trabajadores frente a demandas judiciales de cobro. Las retenciones salariales únicamente podrán ejecutarse sobre el monto que exceda el salario mínimo legal vigente en el país. Según explicó la diputada de León, existen casos de trabajadores que sufren embargos totales y terminan percibiendo ingresos marginales que no cubren sus necesidades básicas.
Sanciones penales para el agiotismo y límites al acoso
Las enmiendas incorporan por primera vez la figura penal del agiotismo dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco. La aplicación de esta ley contra la usura busca frenar los excesos financieros y apunta directamente a desarticular redes de cobro extorsivo, conocidas popularmente como préstamos gota a gota. Las autoridades asociaron estas modalidades a organizaciones extranjeras que aplican intimidación constante contra comerciantes informales y familias vulnerables.
El Código Penal del país centroamericano ya castiga la usura mediante sanciones carcelarias elevadas recientemente. Tras la reforma legal aprobada en 2025, quienes impongan intereses ilegales enfrentan penas de cuatro a diez años de prisión y multas de hasta 500.000 quetzales. Para los extranjeros condenados por estos hechos, el marco legal vigente establece además su expulsión y deportación obligatoria al cumplir la condena.
Mediación obligatoria y canales de denuncia
Con el impulso de esta ley contra la usura, el Congreso busca dar herramientas a los prestatarios y fija que cualquier reclamo judicial por deudas impagas deberá someterse primero a una instancia de conciliación obligatoria. Este proceso previo se llevará a cabo ante los Centros de Mediación del Organismo Judicial para buscar acuerdos equilibrados entre acreedores y deudores. La propuesta garantiza que las partes intenten una salida pacífica y sostenible antes de acudir a litigios que comprometan el patrimonio familiar.
Adicionalmente, se fijan pautas estrictas para poner fin a las prácticas de hostigamiento en las cobranzas extrajudiciales. Quedarán prohibidas las llamadas telefónicas fuera del horario hábil, el contacto reiterado por más de dos veces al día y la difusión de la deuda en los centros de trabajo. Los ciudadanos que enfrenten estas situaciones podrán tramitar denuncias formales ante el Ministerio Público, la Dirección de Atención al Consumidor o el órgano supervisor bancario.
Datos clave
- Protección salarial: Los embargos judiciales solo podrán aplicarse sobre el monto que supere el salario mínimo legal.
- Tope de intereses: Las tasas ordinarias y moratorias no superarán el doble del promedio activo publicado por la banca central.
- Tipificación de delitos: Se incorpora el agiotismo como delito para sancionar los esquemas de extorsión conocidos como préstamos gota a gota.
- Exclusiones financieras: Los bancos, cooperativas y microfinancieras reguladas quedan fuera de la normativa por contar con leyes específicas.
- Límites a las cobranzas: Se prohíben más de dos llamadas de cobro diarias y las comunicaciones fuera de horarios hábiles laborales.
