El hostigamiento contra la comunicadora independiente y reportera del portal CubaNet cobró fuerza tras un nuevo operativo no judicializado. La periodista Camila Acosta denunció que agentes de la Seguridad del Estado le prohibieron salir de su vivienda en La Habana el pasado miércoles 28 de octubre. De acuerdo con las grabaciones difundidas por la propia afectada, la imposición se ejecutó de forma arbitraria sin exhibir ninguna notificación legal previa ni mediar explicaciones formales sobre la restricción impuesta a su libre circulación.
En el material audiovisual divulgado por la corresponsal, se observa a un individuo vestido de civil apostado en las inmediaciones de su residencia. Este sujeto le notificó verbalmente que no tenía autorización para retirarse del inmueble y le ordenó interrumpir de inmediato la grabación con su teléfono celular. La trabajadora de prensa cuestionó la legalidad del procedimiento mientras documentaba la escena en la vía pública, donde además se identificó la custodia de uniformados pertenecientes a la Policía Nacional Revolucionaria apoyados por un móvil patrullero.
Un patrón constante de vigilancia hacia la periodista Camila Acosta
Las medidas restrictivas denunciadas no constituyen un hecho aislado en el entorno de la comunicadora. Durante el mes anterior, la periodista Camila Acosta y su esposo sufrieron una retención forzada idéntica con el propósito de impedirles acudir a la audiencia judicial de la activista Anna Bensi. Organizaciones de derechos humanos señalan que el empleo de cercos policiales ilegales frente a los domicilios es un método reiterado para neutralizar el trabajo informativo no alineado con las directrices oficiales.
El colectivo Justicia 11J repudió el bloqueo y reclamó el término de las presiones contra los profesionales de la comunicación en la isla caribeña. Desde dicha organización remarcaron que el registro de las acciones de los funcionarios estatales y el libre desplazamiento por el territorio nacional constituyen garantías fundamentales. La entidad advirtió que confinar a las personas en sus hogares sin mandamiento de un juez vulnera preceptos elementales consagrados en los tratados internacionales.
Informes confirman el incremento de la censura estatal
El incidente vivido por la periodista Camila Acosta coincide con un deterioro generalizado del ejercicio periodístico en territorio cubano. Según el reporte divulgado por el Observatorio Cubano de la Libertad de Expresión, vinculado al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, durante septiembre se registraron 134 vulneraciones a la libertad informativa. El balance mensual evidenció un alza del 8,9% respecto a agosto y un incremento del 57,6% en comparación con igual período del año anterior.
El estudio detalló un total de 106 sucesos que abarcaron 74 transgresiones a la libre expresión y 32 ataques directos contra la labor periodística. Dentro de las víctimas identificadas, los comunicadores independientes sumaron 30 episodios y los presos por razones políticas acumularon 29 situaciones. El informe subrayó que el uso abusivo del poder institucional encabezó la lista de agresiones, mediante resoluciones administrativas, restricciones migratorias e intimidaciones dirigidas a sofocar voces disidentes.
Las agresiones más frecuentes registradas en la isla
Entre las modalidades de hostigamiento registradas durante el último mes, las agresiones verbales, las amenazas directas y la intimidación psicológica totalizaron 48 denuncias documentadas. Sumadas al abuso de autoridad, ambas tipologías representaron más del 70% de los casos analizados en el informe técnico. Los cercos ilegales alrededor de residencias particulares componen uno de los mecanismos más utilizados para acallar reclamos ciudadanos antes de movilizaciones o coberturas sensibles.
Asimismo, el monitoreo reflejó la ejecución de 26 privaciones arbitrarias de la libertad, siete ataques físicos y tres medidas de reclusión prolongada. Varios de los episodios de violencia corporal tuvieron lugar dentro de establecimientos penitenciarios, donde los reclusos enfrentaron privación de atención sanitaria, traslados con carácter de castigo y regímenes de aislamiento severo. La comunidad internacional y diversos organismos observadores mantienen su alerta ante estas prácticas reiteradas contra comunicadores y activistas civiles.
Datos clave
- Restricción ilegal: Un agente estatal impidió la salida de la comunicadora de su domicilio en La Habana sin mandamiento judicial alguno.
- Registro en video: El operativo contó con apoyo de una patrulla policial y un funcionario de civil que exigió cesar las grabaciones.
- Aumento de casos: El Observatorio Cubano contabilizó 134 vulneraciones a la libertad de prensa y expresión en solo un mes.
- Demanda de derechos: Colectivos civiles exigieron el fin inmediato del hostigamiento contra la prensa independiente en la isla.
