El debate sobre la paridad de género cobró fuerza en el Congreso de la República de Guatemala tras la entrega de una propuesta que busca transformar el sistema electoral. Una articulación de legisladores y organizaciones sociales planteó modificar normas que rigen desde hace casi cuatro décadas para asegurar espacios equitativos. La iniciativa contempla la obligatoriedad de alternar hombres y mujeres en todas las nóminas partidarias de cara a las votaciones generales.
La diputada Sonia Gutiérrez encabezó el anuncio oficial en la sede del Parlamento acompañada por representantes de colectivos indígenas y bancadas aliadas. El proyecto modifica sustancialmente el Decreto Número 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, enfocado en regular las postulaciones públicas. La normativa abarcará candidaturas distritales, listas nacionales, escaños del Parlamento Centroamericano y corporaciones municipales en todo el territorio guatemalteco.
Un mecanismo estricto para garantizar la paridad de género
El texto incorpora el artículo 212 Bis para fijar la alternancia secuencial e ininterrumpida entre aspirantes masculinos y femeninos. Además de equilibrar el género, el proyecto de ley demanda la inclusión efectiva de representantes de pueblos originarios en las nóminas oficiales. Con esta disposición, los comités cívicos electorales y partidos políticos deberán ajustar de manera obligatoria sus estructuras internas antes de someterlas al escrutinio ciudadano.
La propuesta entrega facultades sancionatorias directas al Registro de Ciudadanos para supervisar cada expediente presentado. Si el órgano electoral detecta irregularidades en la conformación de una planilla, notificará a la organización correspondiente para que enmiende el error. En caso de que la agrupación omita corregir la nómina en el plazo legal, la autoridad rechazará de plano la inscripción del listado.
Argumentos jurídicos y reclamos históricos
Durante la presentación formal en el Salón de los Pasos Perdidos, los impulsores recordaron que las mujeres constituyen más de la mitad del padrón poblacional. Sonia Gutiérrez remarcó que las mujeres representan el cincuenta y dos por ciento de la ciudadanía, pero continúan marginadas de las decisiones públicas de trascendencia. La parlamentaria subrayó que esta postergación histórica limita el desarrollo democrático de las instituciones representativas.
El documento legislativo cita antecedentes de la Corte de Constitucionalidad para blindar jurídicamente la validez de la reforma planteada. Los fallos judiciales del tribunal determinaron que la equidad política no concluye con una simple presencia numérica, sino con garantías de acceso efectivo a puestos de poder. Asimismo, los proyectistas invocaron convenios internacionales ratificados por el Estado guatemalteco, tales como la convención internacional conocida como CEDAW.
El respaldo social y el escenario electoral
Organizaciones de base comunitaria expresaron un respaldo enfático a la medida y advirtieron sobre las consecuencias de frenar el debate legislativo. Norma Satik y la excongresista Rosalina Tuyuc señalaron que el reclamo por una auténtica paridad de género acumula más de tres décadas sin respuestas estructurales. Ambas dirigentes advirtieron que observarán el voto individual de cada diputado con miras a las elecciones generales previstas para el año 2027.
Por su parte, el legislador César Amézquita consideró indispensable trabajar en la democratización interna de las fuerzas partidarias. Según su planteamiento, una modificación legal carecerá de impacto real si las agrupaciones no otorgan casillas ganadoras a las candidatas. La iniciativa quedó en manos de la Dirección Legislativa para su trámite en el pleno y posterior análisis en comisión dictaminadora.
Datos clave
- Iniciativa de ley: Plantea modificar la ley electoral vigente desde 1985 para imponer paridad de género y alternancia obligatoria.
- Sanción directa: El Registro de Ciudadanos podrá rechazar las nóminas partidarias que no cumplan con los criterios de inclusión.
- Pueblos indígenas: El documento exige integrar cuotas para pueblos originarios en cargos distritales, nacionales y comunales.
- Advertencia política: Organizaciones sociales anunciaron que negarán el voto a los congresistas que rechacen la propuesta hacia 2027.
