Tribunales salvadoreños emitieron severas condenas por violaciones contra cuatro hombres procesados por agresiones sexuales hacia tres menores y una mujer adulta. Los fallos judiciales se dictaron de forma independiente en diversas localidades del país centroamericano tras las investigaciones del Ministerio Público. En total, las sentencias combinadas superan los 67 años de encierro carcelario.
Las diligencias abarcaron hechos acontecidos en los departamentos de San Salvador, San Miguel, Cabañas y Morazán en diferentes periodos comprendidos entre 2011 y 2026. Según los reportes oficiales divulgados por la Fiscalía General de la República, cada expediente reunió peritajes técnicos y testimonios para sustentar las acusaciones presentadas ante las diferentes sedes judiciales.
Alcance de las condenas por violaciones en distintas regiones
El castigo penal más elevado recayó sobre Jesús Francisco Ochoa Jiménez, a quien el Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel sentenció a 26 años y cuatro meses de encierro. La acusación determinó que el hombre vulneró en reiteradas oportunidades a una niña de siete años entre 2011 y 2012 en Chinameca. La víctima se encontraba bajo su cuidado para realizar mandados y sufrió amenazas de muerte destinadas a silenciar las agresiones.
Por no presentarse a las audiencias correspondientes, la autoridad judicial declaró rebelde al imputado y emitió la resolución condenatoria en su ausencia. Los reportes institucionales detallaron que las amenazas advertían represalias contra el entorno familiar de la menor, quien finalmente relató lo vivido meses después de los hechos iniciales.
En un segundo expediente, Santos Ernesto Ruiz Alvarado recibió una pena de 16 años y tres meses de cárcel de parte del Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque. El Ministerio Público comprobó que el procesado agredió a una adolescente de 15 años en dos ocasiones durante julio de 2025 en el distrito de Victoria, correspondiente a Cabañas Este. El encausado estuvo presente durante la exhibición probatoria en la sala de audiencias.
Procedimiento abreviado y reparación civil en otros procesos
Por su parte, el Tribunal de Sentencia de San Francisco Gotera impuso 15 años de prisión a José Rudis Ventura Ambrosio por vulnerar a una niña de 12 años en Morazán. Las agresiones ocurrieron entre febrero y marzo de 2023 en horario nocturno dentro de un inmueble compartido en la colonia San José. La situación se descubrió cuando un centro asistencial confirmó la gestación de la niña tras una consulta médica por dolores abdominales. En este caso, el acusado aceptó su culpabilidad bajo la figura de procedimiento abreviado.
Finalmente, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a Manjel Antonio Guillén a cumplir 10 años de reclusión. Los hechos se remontan a abril de 2026 en Aguilares, donde el sindicado siguió en motocicleta a una conocida que salía de un establecimiento nocturno. Tras ofrecerse a trasladarla por problemas de salud, la llevó a su vivienda para atacarla, motivo por el cual también deberá pagar una indemnización de 720 dólares por daños.
Impacto legal y persecución de los delitos sexuales
Las autoridades salvadoreñas recalcaron que estas condenas por violaciones reflejan el trabajo de los agentes fiscales para esclarecer abusos cometidos incluso años atrás. Los mecanismos de prueba incluyeron dictámenes periciales, valoraciones psicológicas y entrevistas forenses que permitieron acreditar la responsabilidad de los sindicados en cada caso particular.
El seguimiento judicial continuará con la ejecución de las penas privativas de libertad y la búsqueda de los prófugos. Con estas medidas, los tribunales buscan garantizar la reparación a las víctimas y evitar que las agresiones queden en la impunidad dentro del territorio salvadoreño.
Datos clave
- Años de condena: Las cuatro resoluciones judiciales suman más de 67 años de prisión efectiva para los agresores.
- Pena mayor: Jesús Francisco Ochoa Jiménez recibió 26 años y cuatro meses tras ser declarado en rebeldía.
- Indemnización civil: Uno de los sentenciados deberá abonar un monto de 720 dólares estadounidenses a la víctima.
- Cobertura territorial: Los procesos penales se desarrollaron en juzgados de San Miguel, Cabañas, Morazán y Santa Tecla.
