La justicia emitió múltiples resoluciones judiciales que derivaron en severas condenas en El Salvador para miembros de pandillas y personas implicadas en delitos de extorsión y contrabando. La sanción más prolongada recayó sobre Rafael Baltazar Rojas Hernández, quien fue sentenciado a 65 años de penitenciaría por su responsabilidad directa en un doble asesinato ocurrido en el distrito de Apopa. La resolución fue dictada por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de la capital salvadoreña.
Alcance de las condenas en El Salvador contra el crimen organizado
El caso principal juzgado en los tribunales se remonta a junio de 2018, cuando los criminales privaron de su libertad a dos hombres en Apopa. De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, los sospechosos ataron a las víctimas con los cordones de su propio calzado antes de ultimarlas y desmembrarlas en un descampado. Rojas Hernández, conocido dentro de la estructura Barrio 18 Revolucionarios con el alias de sparquin, colaboró cavando la fosa clandestina.
Por estos hechos violentos, el magistrado a cargo determinó 30 años de prisión por cada uno de los homicidios agravados y sumó cinco años por el delito de agrupaciones ilícitas. Durante la misma diligencia procesal, otros tres integrantes de la facción criminal recibieron penas privativas de libertad de cinco años de duración. Se trata de Julio Roberto Pocasangre Pocasangre, Edwin Omar Espinosa Hernández y Óscar Joaquín Navarrete, quienes actuaban en diversos barrios de la localidad.
La Fiscalía salvadoreña documentó que esta célula delictiva mantenía bajo constante zozobra a comunidades como Valle Verde, Popotlán y La Ermita. Sus operaciones habituales incluían el cobro coactivo de extorsiones a residentes, asaltos a mano armada y homicidios selectivos. Las autoridades judiciales confirmaron que el proceso se desarrolló bajo las normativas del Código Penal previo a las reformas punitivas recientes, y que existen otras causas pendientes abiertas para los procesados.
Red de extorsión que fingía operativos de seguridad
En una causa diferente pero conexa al combate judicial, el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana aplicó castigos severos contra una pareja que intimidaba a padres de familia. Yeni Maritza Granados de Aquino recibió una sentencia de 59 años de encierro, mientras que David Obed Aquino Ortiz fue condenado a purgar 44 años tras las rejas. Ambos fueron declarados culpables de los tipos penales de extorsión y suplantación deliberada de identidad.
Los involucrados se hacían pasar por agentes de las fuerzas policiales para contactar a tutores de un centro educativo en Santa Ana Oeste. Mediante llamadas engañosas en junio de 2022, amenazaban falsamente con detener a sus hijos menores bajo acusaciones de pandillerismo si no entregaban considerables sumas de dinero en efectivo. Las familias afectadas, a pesar de no poseer ningún lazo con bandas delictivas, cedieron ante el miedo generalizado a una detención arbitraria.
El esquema montado por la pareja logró acumular más de cinco mil dólares estadounidenses a través de transferencias bancarias clandestinas. Para eludir los controles financieros, utilizaron la cuenta bancaria de una conocida bajo engaños antes de retirar el efectivo. Las pesquisas y denuncias ciudadanas permitieron la identificación y posterior captura de ambos en Chalchuapa. Así, en el contexto de las condenas en El Salvador, este proceso evidenció las modalidades de intimidación psicológica aplicadas a civiles.
Sanciones fiscales y control fronterizo por contrabando
El tercer veredicto informado por el sistema judicial involucró el desvío irregular de un cargamento de mercaderías que ingresó al territorio nacional en julio de 2017. El Tribunal de Sentencia de La Unión dictó seis años de prisión contra Christian Ernesto Alvarado y William Antonio Corado Ramírez por burlar los controles aduaneros. Además, los dos transportistas deberán indemnizar a la Hacienda Pública con más de 38.000 dólares para reparar el daño tributario generado.
Los transportistas declararon en Nicaragua que trasladarían un lote de prendas de vestir usadas hasta el recinto aduanero terrestre de San Bartolo. Sin embargo, tras ingresar al país a través del puesto fronterizo de El Amatillo, las cámaras de seguridad comprobaron que el cargamento jamás arribó a su destino declarado. Las pericias demostraron que la carga fue descargada de manera clandestina en un sitio alternativo con la finalidad expresa de evadir las tarifas impositivas obligatorias.
Este conjunto de procesos demuestra el endurecimiento del sistema judicial centroamericano frente a diversos niveles de delincuencia. Para los observadores en Paraguay y la región, estas causas ilustran la complejidad del fenómeno delictivo, que abarca desde la violencia directa de las pandillas hasta fraudes financieros sofisticados y contrabando de mercancías. Las resoluciones reflejan la determinación de sancionar tanto a autores materiales directos como a operadores logísticos del crimen organizado.
Datos clave
- Tribunales impusieron penas de hasta 65 años de encierro a integrantes de pandillas por crímenes graves en Apopa.
- Falsos agentes policiales recibieron condenas de 59 y 44 años tras extorsionar a padres de estudiantes en Chalchuapa.
- Cargamento de ropa desviado provocó condenas de seis años de cárcel y una compensación de 38.000 dólares a Hacienda.
- Causas pendientes aguardan a los procesados de pandillas por otros delitos cometidos en diversas zonas del país.
