La mina Cobre Panamá podría volver a operar de manera temporal tras recibir el mandatario panameño José Raúl Mulino un informe técnico oficial. El documento elaborado por una comisión intergubernamental plantea retomar las faenas extractivas para financiar los costos de su desmantelamiento definitivo. De esta forma, el Gobierno centroamericano busca evitar desembolsos del tesoro nacional mediante un esquema legal totalmente nuevo.
El plan operativo para la mina Cobre Panamá
La estrategia planteada por los comisionados propone que la explotación continúe bajo condiciones estrictas y sin recurrir a contratos ley que previamente fueron invalidados por la Corte Suprema. Según el dictamen oficial, las tareas comerciales servirán exclusivamente para costear los trabajos ambientales previstos entre 17 y 19 años. Estos cálculos sitúan el mantenimiento y la clausura en un rango de 2.600 a 3.400 millones de dólares.
A diferencia de planes anteriores, el yacimiento no extenderá su área de intervención fijada en unas 13.000 hectáreas. Cada sector que deje de ser productivo ingresará en un proceso de restauración técnica paulatina, siguiendo estándares aplicados en naciones mineras como Canadá, Australia y Chile. El Estado panameño conservará la titularidad soberana de los recursos subterráneos durante todo el proceso.
Requisitos legales y reclamos arbitrales
Uno de los puntos determinantes de la negociación será la cancelación incondicional de los litigios internacionales iniciados por la empresa canadiense First Quantum Minerals y sus asociados. Las demandas presentadas en tribunales arbitrales superan los 27.000 millones de dólares tras la suspensión ocurrida a finales de 2023. Para las autoridades panameñas, levantar estos reclamos resulta un requisito obligatorio antes de suscribir cualquier acuerdo.
La empresa de origen canadiense manifestó su total predisposición para entablar un diálogo constructivo con las autoridades. A través de un pronunciamiento, la firma señaló que aguarda los lineamientos formales del Ejecutivo y ratificó su interés en asegurar una salida compatible con la legislación vigente. Asimismo, la compañía subrayó la relevancia de mantener fuentes laborales y compras a proveedores del país centroamericano.
Preocupaciones ambientales y horizonte temporal
Diversas organizaciones ecologistas manifestaron inquietud ante la posibilidad de que este proceso de cierre prolongue la actividad extractiva durante décadas. El propio presidente Mulino admitió que concretar la restauración integral del sitio demandará un largo periodo. Los activistas temen que el concepto de clausura ordenada funcione en la práctica como una reactivación encubierta de la mina Cobre Panamá sin límites temporales claros.
Frente a estas dudas, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, sostuvo que el Estado no puede financiar el plan de abandono con fondos públicos. Por ello, la conformación de un fideicomiso o reserva especial financiada por la propia operación surge como la vía más viable. La última palabra sobre el modelo de gestión para la mina Cobre Panamá quedará en manos del Consejo de Gabinete y el presidente de la República.
Datos clave
- Reactivación condicionada: La propuesta técnica aconseja reanudar la extracción para financiar con recursos propios el cierre integral del yacimiento.
- Fin de los arbitrajes: First Quantum Minerals deberá desistir de reclamaciones arbitrales que superan los 27.000 millones de dólares para avanzar en las conversaciones.
- Costo millonario: El plan de desmantelamiento y monitoreo ecológico demandará entre 2.600 y 3.400 millones de dólares durante un periodo de hasta 19 años.
- Reducción de huella: La actividad no ampliará el perímetro de 13.000 hectáreas y obligará a rehabilitar progresivamente los sectores que culminen su ciclo operativo.
