El presunto fraude en Subway investigado por la justicia estadounidense destapó una compleja trama de sobornos y lavado de dinero que habría perjudicado a miles de franquiciados por más de 80 millones de dólares. La Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida formalizó la acusación contra Janet Risi Field y su hermano Steven Louis Risi. Ambos enfrentan cargos por haber operado un esquema ilícito durante décadas a través de contratos de suministros comerciales.
La acusación formal fue desclasificada tras una investigación conjunta desarrollada por el Buró Federal de Investigaciones y la Oficina del Inspector General de la FDIC. El expediente judicial sostiene que las operaciones ilícitas afectaron directamente los precios pagados por los locales gastronómicos en América del Norte. Los dos imputados residen en el estado de Florida y conservan su presunción de inocencia mientras avanza el proceso penal en los tribunales.
El mecanismo de comisiones y desvío millonario
Según la presentación judicial, Field se desempeñó durante años como la máxima ejecutiva de la entidad Independent Purchasing Cooperative. Esta organización sin fines de lucro, establecida en el condado de Miami-Dade a mediados de los años noventa, negociaba las condiciones comerciales para toda la red de locales. La investigación señala que la directiva aprovechó su función para pactar beneficios encubiertos con diversos intermediarios comerciales proveedores.
Los intermediarios recibían comisiones especiales por los contratos de provisión de insumos esenciales, que incluían carnes frías, quesos, equipos y productos de panadería. Luego, una porción considerable de esos ingresos era transferida secretamente hacia cuentas bancarias bajo el control directo de Field y de su hermano. De acuerdo con los investigadores federales, la directiva de la cooperativa y los franquiciados nunca conocieron la existencia de estos pagos irregulares.
La estructura de compras y el presunto fraude en Subway
Los fiscales detallaron que el presunto fraude en Subway involucró el uso sistemático de empresas pantalla para ocultar más de 60 millones de dólares. Mediante estas sociedades comerciales, los fondos circulaban hacia cuentas particulares sin levantar sospechas ante las entidades fiscalizadoras o los propios compradores. Una de las cuentas conjuntas controlada por ambos hermanos recibió cerca de un millón de dólares de origen presuntamente ilícito.
Asimismo, otros 3,4 millones de dólares habrían servido para cubrir consumos personales y deudas de tarjetas de crédito de la principal acusada. El expediente judicial también describe un fondo paralelo creado a comienzos de los años 2000 que habría acumulado alrededor de 25 millones de dólares. Con esos recursos se cubrieron salarios de asistentes personales, trabajadoras domésticas y personal de mantenimiento particular de la familia investigada.
Bienes de lujo, acuerdos secretos y cargos judiciales
El documento oficial revela que las sumas obtenidas financiaron inversiones privadas, membresías en clubes exclusivos y compras de joyas por más de 400.000 dólares. Además, los fondos permitieron costear refacciones y amoblamiento de residencias en los estados de Florida y Carolina del Norte. A estos gastos se sumó un pago encubierto de 8 millones de dólares en 2011 para frenar una demanda legal de una excontratista.
Cuando la cooperativa desvinculó a Field a finales de 2021, la entidad le pagó una indemnización superior a los 6 millones de dólares al ignorar las maniobras. Las consecuencias penales vinculadas a este presunto fraude en Subway contemplan penas máximas de hasta 20 años de prisión para cada procesado por lavado de dinero y fraude electrónico. Los fiscales Eli S. Rubin y Roger Cruz quedaron a cargo de sostener la acusación en el juicio federal.
Datos clave
- Fraude millonario: La fiscalía federal de Florida acusa a dos hermanos de desviar más de 80 millones de dólares mediante sobornos y lavado de dinero en contratos de suministros.
- Maniobras encubiertas: Se utilizaron empresas pantalla y un fondo paralelo de 25 millones de dólares para financiar gastos particulares, inmuebles y joyas de lujo.
- Penas previstas: Los acusados enfrentan cargos por fraude electrónico y lavado de activos que contemplan penas de hasta 20 años de cárcel en el sistema federal.
