El Senado de Paraguay reanudará esta semana el análisis legislativo de la ley anti Rivas para frenar la creación de nuevas instituciones terciarias en el país. La propuesta parlamentaria surge a raíz de la condena judicial impuesta al exlegislador Hernán Rivas por el uso de documentos públicos de contenido falso. Esta iniciativa busca elevar los estándares de control sobre las entidades educativas ante reiterados cuestionamientos sobre la calidad de la formación superior.
Dos propuestas con distintos plazos de suspensión
Los legisladores tienen a su disposición dos textos normativos con alcances dispares para regular el sector. El primer proyecto cuenta con la firma de los senadores Yolanda Paredes, Rafael Filizzola, Esperanza Martínez, Ignacio Iramain y Lucía Mendoza. Dicha propuesta plantea una moratoria de dos años para la apertura de nuevas universidades e institutos de carácter privado, con la meta de revisar las evaluaciones académicas.
Por otro lado, ocho integrantes del Bloque Democrático impulsan una iniciativa más estricta que fija una pausa de cinco años. Este plan abarca tanto a instituciones públicas como privadas y prevé suspender la habilitación de nuevas facultades, filiales o sedes de las carreras de Medicina y Derecho. El documento fue rubricado por Celeste Amarilla, Esperanza Martínez, Rafael Filizzola, Rubén Velázquez, Líder Amarilla, Éver Villalba, Ignacio Iramain y Eduardo Nakayama.
La postura institucional ante la ley anti Rivas
La Comisión de Educación y Cultura de la Cámara Alta, encabezada por la senadora Hermelinda Alvarenga de Ortega, emitió dictamen favorable con modificaciones para ambas propuestas. En el ámbito técnico, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior respaldó la moratoria bianual. La entidad considera fundamental fortalecer las herramientas de control y verificación previa a la habilitación de ofertas académicas en el territorio paraguayo.
En contraste, el Ministerio de Educación y Ciencias expresó reparos sobre los alcances de una suspensión generalizada. La cartera estatal advirtió acerca de las posibles consecuencias negativas de restringir la expansión de la oferta académica para los estudiantes. El debate pone en tensión la necesidad de sanear el sistema de educación superior y el derecho de acceso a la formación universitaria.
El impacto del caso judicial y sus derivaciones políticas
La génesis de esta discusión legislativa radica en la sentencia de ocho años de prisión dictada contra Hernán Rivas por producción y uso de títulos apócrifos. El exparlamentario cartista no solo ocupó un escaño parlamentario, sino que también llegó a desempeñarse como representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Aquella situación expuso la vulnerabilidad de las acreditaciones y reactivó el reclamo ciudadano por controles más estrictos.
Organizaciones estudiantiles y gremios profesionales reclaman mayor rigurosidad en los registros académicos para evitar que se repitan hechos similares. La eventual sanción de la ley anti Rivas permitiría al Estado auditar a fondo a las entidades que operan sin infraestructura ni docentes idóneos. Los senadores deberán consensuar si aplican una pausa de dos o cinco años para ordenar el mapa universitario nacional.
Datos clave
- Dos proyectos: el Senado analiza moratorias de dos y cinco años para frenar la apertura de nuevas universidades en Paraguay.
- Carreras restringidas: la propuesta de cinco años incluye la prohibición de abrir nuevas filiales de Medicina y Derecho.
- Apoyo técnico: la ANEAES respalda la suspensión por dos años, mientras que el MEC alerta sobre posibles efectos secundarios.
- Origen judicial: las iniciativas responden a la condena a ocho años de cárcel contra el exsenador Hernán Rivas por título falso.
