El juicio político a Santiago Peña ingresó a su instancia decisiva este viernes con la exposición de los alegatos finales de los diputados fiscales ante la Cámara de Senadores en Asunción. La sesión extraordinaria se llevó a cabo luego de que el Congreso no lograra tratar la renuncia presentada por el mandatario debido a la falta de cuórum en la jornada previa. De este modo, el pleno legislativo quedó formalmente constituido en tribunal de sentencia para dirimir la continuidad del jefe de Estado.
Alegatos acusatorios y presunto daño patrimonial
Durante la exposición acusatoria, los legisladores designados por la Cámara Baja fundamentaron los cargos por mal desempeño de funciones vinculados a la crisis de ueno bank. La diputada Rocío Vallejo expuso que la gestión gubernamental toleró operaciones que comprometieron recursos de ahorristas y fondos previsionales, estimando un perjuicio de al menos 1.200 millones de dólares que deberá ser investigado. Asimismo, cuestionó la inacción de los órganos de supervisión bancaria frente a tempranas señales de alerta.
Por su parte, el diputado Raúl Benítez remarcó los desembolsos realizados por el Instituto de Previsión Social hacia la entidad financiera antes de su conversión bancaria. El parlamentario señaló una colocación de 70.000 millones de guaraníes en septiembre de 2023 y apuntó a la omisión de controles por parte del Poder Ejecutivo. A su vez, el diputado Mauricio Espínola denunció supuestas presiones de asesores presidenciales sobre las resoluciones administrativas de la previsional.
La postura jurídica planteada por la defensa técnica
Los abogados defensores Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda se presentaron ante el tribunal legislativo para rebatir las imputaciones y cuestionar la validez del procedimiento. La defensa argumentó que el mandatario ya había comunicado su dimisión formal y que correspondía al Congreso Nacional aceptar esa renuncia antes de continuar con la acusación. Además, advirtieron sobre eventuales presentaciones ante organismos jurisdiccionales nacionales e internacionales por supuesta vulneración de garantías procesales.
El abogado Ricardo Preda sostuvo que no existen documentos ni resoluciones suscritas por el presidente que demuestren una intromisión en el Banco Central del Paraguay o en el ente previsional. Afirmó que ambas dependencias gozan de autonomía administrativa y legal según el marco vigente. Respecto a las participaciones accionarias previas, la representación legal indicó que fueron debidamente declaradas ante los organismos de control y liquidadas antes de asumir el mandato.
Tensión institucional y el avance del juicio político a Santiago Peña
El tratamiento del juicio político a Santiago Peña avanzó luego de que la Cámara Alta rechazara, por 39 votos contra tres, un pedido de prórroga de 72 horas solicitado por el mandatario. La defensa argumentó que el traslado del libelo acusatorio de 300 páginas se produjo con escaso margen de tiempo. No obstante, los senadores habilitaron la prosecución del debate y admitieron por unanimidad las pruebas presentadas por la parte acusadora.
Durante la deliberación, varios legisladores manifestaron su postura a favor de dictar una sentencia condenatoria contra el gobernante. Mientras tanto, en las adyacencias del Palacio Legislativo se registraron movilizaciones ciudadanas que exigieron responsabilidades institucionales por el deterioro financiero. En este contexto de máxima presión política, el desarrollo del juicio político a Santiago Peña colocó al Congreso ante la inminente definición sobre la conducción de la República.
Posible desenlace y orden sucesorio constitucional
La Constitución Nacional de la República del Paraguay establece que el mecanismo de destitución en juicio político requiere una mayoría calificada en el Senado para apartar al titular del Poder Ejecutivo. El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, indicó que la tendencia de los votos se orientaba hacia una determinación unánime. De concretarse el fallo condenatorio, el vicepresidente Pedro Alliana deberá asumir de forma inmediata la titularidad del Gobierno nacional.
El desenlace de este juicio político a Santiago Peña marca un hito en la política contemporánea paraguaya por su estrecha relación con el sector bancario. Diversas bancadas parlamentarias señalaron que la determinación senatorial busca restablecer la confianza en el sistema financiero y en las instituciones republicanas. El proceso entra de este modo en su fase de votación final en medio de una intensa expectativa de la opinión pública nacional.
Datos clave
- Alegatos acusatorios: Los diputados denunciaron un perjuicio estimado en 1.200 millones de dólares relacionado con la crisis de ueno bank.
- Rechazo de prórroga: El Senado desestimó por 39 votos contra tres el pedido de 72 horas solicitado por la defensa presidencial.
- Descargo de la defensa: Los representantes legales afirmaron que no existen pruebas de intervención directa del presidente en el Banco Central o el IPS.
- Línea sucesoria: Ante una eventual destitución formal por mal desempeño, el vicepresidente Pedro Alliana asumiría la presidencia paraguaya.
