La controversia sobre la custodia de Santiago Peña cobró notoriedad pública en Asunción tras los fuertes cuestionamientos emitidos por la exministra de Justicia Cecilia Pérez. La profesional del derecho advirtió que el expresidente no cuenta con fueros ni con la investidura de senador vitalicio tras su destitución. Por este motivo, enfatizó que debe recibir el mismo trato que cualquier otro procesado por el sistema penal paraguayo.
Críticas por la falta de fueros e inmunidades
En sus declaraciones públicas, Pérez subrayó que la condición de expresidente no confiere prerrogativas automáticas para evitar la reclusión en establecimientos policiales. Según la abogada, mantener al exmandatario bajo custodia residencial genera suspicacias sobre un presunto tratamiento preferencial sin base técnica comprobada.
La especialista en derecho penal enfatizó que la Carta Magna paraguaya reserva la senaduría vitalicia para presidentes que concluyen normalmente sus mandatos. Al haber sido destituido mediante el mecanismo constitucional del juicio político, el exjefe de Estado carece de fueros parlamentarios y de cualquier inmunidad procesal ante los tribunales.
En consecuencia, la jurista sostuvo que no existe impedimento alguno para que cumpla medidas privativas de libertad en dependencias policiales regulares. Por ello, reclamó que los jueces y fiscales asignados a la causa fundamenten de manera detallada las condiciones impuestas durante el proceso.
El origen judicial vinculado a la crisis bancaria
Las diligencias penales contra el exmandatario surgieron en el marco de las pesquisas sobre la crisis de Ueno Bank, entidad que colapsó tras serias irregularidades. Esta coyuntura derivó en investigaciones del Ministerio Público respecto a responsabilidades administrativas y patrimoniales que alcanzaron a las más altas esferas del gobierno anterior.
El impacto económico del colapso afectó a miles de ahorristas y a entes públicos de relevancia, entre ellos la propia Municipalidad de Asunción. Dicha comuna sufrió la retención de millonarios fondos depositados en la entidad intervenida, lo cual desencadenó demandas y auditorías extraordinarias.
La crisis aceleró un drástico reordenamiento en el Poder Ejecutivo nacional, que concluyó con la asunción presidencial de Pedro Alliana. En paralelo a la designación de nuevas autoridades, la justicia avanzó con medidas cautelares sobre los exfuncionarios involucrados en la administración pública.
Cuestionamientos a la custodia de Santiago Peña en su residencia
Al analizar la custodia de Santiago Peña, la exministra sostuvo que la Policía Nacional y el Ministerio de Justicia deben ceñirse a protocolos uniformes. Pérez advirtió que la reclusión domiciliaria en causas de alta relevancia pública debe ser la excepción y no la regla general.
La exsecretaria de Estado insistió en que las instituciones republicanas deben evitar mensajes equívocos a la ciudadanía en torno a la igualdad procesal. Desde su perspectiva, permitir que un ciudadano investigado permanezca en su domicilio sin un dictamen médico o de seguridad riguroso erosiona el estado de derecho.
Por tanto, Pérez instó a que los órganos de seguridad expliquen formalmente por qué la custodia de Santiago Peña no se ejecuta en una comisaría o comandancia. La exigencia busca que los procedimientos se ajusten a los principios de transparencia y legalidad exigibles a cualquier habitante de la República.
Datos clave
- Cuestionamiento legal: Cecilia Pérez denunció un trato preferencial injustificado al mantener al exmandatario en su residencia en vez de una comisaría.
- Pérdida de fueros: La destitución por juicio político excluyó a Santiago Peña de la senaduría vitalicia y de cualquier inmunidad procesal.
- Origen de la causa: El proceso penal guarda relación directa con las investigaciones derivadas del colapso financiero de Ueno Bank.
- Exigencia institucional: La exministra solicitó que las autoridades judiciales y policiales fundamenten por escrito las condiciones de reclusión otorgadas.
