La destitución de Santiago Peña fue aprobada por la Cámara de Senadores de Paraguay tras intensas jornadas de movilización social en Asunción. La decisión legislativa puso fin a un mandato que inició en agosto de 2023, en medio de cuestionamientos por presuntas irregularidades vinculadas a la entidad financiera Ueno Bank. Con 44 votos a favor del juicio político por mal desempeño de funciones, el Poder Legislativo formalizó la salida del mandatario.
El detonante del colapso y las protestas por Ueno Bank
La crisis política comenzó a escalar a partir de reclamos de ahorristas perjudicados por la situación financiera de Ueno Bank. Con el transcurso de los días, la indignación sumó a diversos sectores de la ciudadanía, incluyendo jóvenes y familias enteras. Las protestas se concentraron inicialmente frente al Congreso Nacional y en distintos puntos del microcentro capitalino.
La inquietud ciudadana creció ante revelaciones sobre el manejo de fondos estatales. Diversas denuncias públicas apuntaron al compromiso de recursos pertenecientes al Instituto de Previsión Social, así como de otras instituciones públicas y municipalidades. Los manifestantes exigían transparencia sobre las operaciones y reclamaban la recuperación del dinero público confiado a la entidad bancaria.
El Banco Central del Paraguay y la Superintendencia de Bancos quedaron en el foco de los cuestionamientos por la aparente falta de controles preventivos. Para los analistas del sector económico, la supervisión oportuna resulta crucial para preservar la estabilidad del mercado y la confianza en el sistema bancario. La desatención de estas señales precipitó la pérdida de credibilidad institucional.
El malestar social sobrepasó las pérdidas económicas individuales y se convirtió en una demanda estructural contra la impunidad. En las calles, los ciudadanos cuestionaron los presuntos lazos entre autoridades gubernamentales y conglomerados empresariales. De esta manera, el reclamo inicial de los depositantes se transformó en una exigencia generalizada de rendición de cuentas.
El camino parlamentario hacia la destitución de Santiago Peña
A medida que la tensión en las calles se volvía insostenible, la Cámara de Diputados y el Senado avanzaron en el proceso de juicio político previsto en la Constitución Nacional. Aunque el presidente presentó una nota de renuncia para intentar descomprimir el conflicto, el trámite legislativo tropezó con una sesión sin cuórum debido a la retirada de parlamentarios colorados. Esta postergación generó una mayor crispación entre quienes aguardaban una definición inmediata.
Finalmente, durante la sesión del 6 de noviembre, la Cámara de Senadores completó el juzgamiento y resolvió aplicar la destitución de Santiago Peña por la causal de mal desempeño en sus funciones. La votación contó con el respaldo abrumador de 44 legisladores, quienes consideraron insostenible la continuidad del jefe de Estado. La determinación parlamentaria coincidió con la vigilia permanente de miles de manifestantes en las plazas del centro histórico.
Los analistas institucionales destacaron que la resolución representó una salida reglamentaria a un severo quiebre de gobernabilidad. Aunque las masivas marchas urbanas aceleraron el desenlace, la remoción requirió el consenso estricto de las dos terceras partes del Senado para concretarse de acuerdo con las garantías constitucionales.
Transición en el Ejecutivo y derivaciones judiciales
Para asegurar la continuidad democrática, Pedro Alliana juró como nuevo presidente de la República ante el Congreso Nacional, mientras que Antonio Barrios asumió la vicepresidencia. La nueva administración asumió el desafío inmediato de pacificar el país y dar respuesta a las demandas de los ahorristas afectados. La conformación del nuevo gabinete incluyó designaciones como la de Ariel Martínez en el Ministerio del Interior y Juan Carlos Baruja en Obras Públicas.
El relevo gubernamental recibió el reconocimiento diplomático de diversos países, entre ellos Estados Unidos, que ratificó la continuidad de los acuerdos bilaterales de cooperación. No obstante, en el plano doméstico, los gremios sociales y de trabajadores insisten en que la paz política dependerá de auditorías externas profundas sobre las colocaciones de dinero público en el sistema privado.
En paralelo a la sucesión gubernamental, el Ministerio Público activó investigaciones penales de carácter urgente. La Fiscalía libró órdenes de detención tanto para el exmandatario como para Carlos Carvallo, extitular del Banco Central del Paraguay. Estas medidas judiciales buscan esclarecer la posible comisión de hechos punibles relacionados con la administración bancaria y la supervisión de las finanzas del Estado.
Las medidas cautelares generaron momentos de tensión en las inmediaciones del domicilio particular de Peña, lo que derivó en su traslado al Regimiento Escolta Presidencial por motivos de seguridad. Días después de la destitución de Santiago Peña, el escenario paraguayo mantiene un clima de estricta vigilancia cívica. Las agrupaciones ciudadanas advierten que el relevo en el Palacio de López no frena el reclamo por recuperar los fondos comprometidos y castigar a los presuntos responsables.
Datos clave
- 44 votos en el Senado definieron la remoción del presidente por la causal de mal desempeño de funciones.
- Pedro Alliana y Antonio Barrios asumieron respectivamente como presidente y vicepresidente de la República para asegurar la continuidad institucional.
- El escándalo de Ueno Bank constituyó el detonante principal de las marchas, al comprometer recursos de ahorristas y del Instituto de Previsión Social.
- La Fiscalía General ordenó la detención preventiva del expresidente y del extitular del Banco Central del Paraguay, Carlos Carvallo.
