El juicio político a Peña ingresó en una fase decisiva este viernes en la Cámara de Senadores, en medio de la divulgación de un mensaje oficial donde el jefe de Estado manifestó su alejamiento del cargo. La declaración se difundió en Asunción mientras el órgano legislativo continuaba el proceso constitucional iniciado para evaluar su presunta responsabilidad en la crisis de ueno bank. El mandatario señaló que tomó la determinación de apartarse para salvaguardar el orden interno del país.
En su pronunciamiento a la ciudadanía, el jefe del Poder Ejecutivo afirmó que antepuso el bienestar general frente a su situación particular. Peña recordó que formalizó su dimisión el jueves, aunque la asamblea bicameral del Congreso Nacional no reunió el cuórum necesario para tratarla. Debido a esa falta de número reglamentario en la sesión conjunta, la dimisión no fue aceptada formalmente, lo que motivó al Senado a avanzar con las deliberaciones acusatorias.
El avance del juicio político a Peña en el Senado
La Cámara Alta sesionó constituida formalmente en tribunal de sentencia y desestimó un recurso planteado por la defensa del gobernante. Con una mayoría de 39 votos en contra, los senadores rechazaron extender por un período de 72 horas el plazo destinado a la preparación de los alegatos de descargo. De esta manera, el proceso parlamentario mantuvo su cronograma inmediato sin conceder las prórrogas requeridas por los representantes del Ejecutivo.
Durante la audiencia, los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda expusieron los argumentos técnicos ante el pleno legislativo. El equipo jurídico sostuvo que existieron transgresiones a las garantías del debido proceso y argumentó que el Congreso debió sesionar para aceptar la dimisión previa. Asimismo, la defensa enfatizó que el mandatario no intervino de forma directa en las determinaciones operativas del Banco Central del Paraguay ni del Instituto de Previsión Social.
Argumentos acusatorios y el conflicto financiero
Por otro lado, la delegación de diputados acusadores ratificó los cargos formulados contra el presidente de la República. El libelo acusatorio sostiene que se configuró un presunto mal desempeño funcional al consentir maniobras que derivaron en la colocación de recursos del Estado en beneficio de intereses de entidades privadas. Estas acusaciones surgieron tras los inconvenientes financieros vinculados a la entidad bancaria, situación que dejó a miles de ahorristas en la incertidumbre.
En este contexto de confrontación institucional, la pérdida de respaldo partidario aceleró el desenlace del juicio político a Peña en el Congreso. Legisladores de diversas bancadas, incluyendo miembros de la propia Asociación Nacional Republicana, respaldaron la continuidad del juzgamiento. Ante este panorama, Peña buscó transmitir un mensaje de calma hacia los sectores civiles afectados y remarcó la urgencia de hallar respuestas para los depositantes perjudicados.
Sucesión constitucional y consecuencias institucionales
La Constitución de la República de Paraguay establece los mecanismos institucionales a seguir en caso de quedar vacante la primera magistratura. Si el Senado aprueba la destitución mediante los votos requeridos, la titularidad del Poder Ejecutivo recaerá en el vicepresidente Pedro Alliana. Dicha transmisión de mando permitiría completar el periodo de gobierno iniciado el 15 de agosto de 2023, cuya culminación ordinaria estaba fijada para el año 2028.
El desarrollo de este juzgamiento representa un hecho determinante en el panorama político paraguayo reciente. Las próximas decisiones que adopte el tribunal parlamentario definirán la conformación de la nueva cúpula gubernamental y la respuesta ante las denuncias sobre la administración de fondos públicos.
Datos clave
- Mensaje de despedida: Santiago Peña afirmó que presentó su renuncia para priorizar la estabilidad del país sobre su carrera personal.
- Continuidad parlamentaria: El Senado rechazó por 39 votos extender el plazo de 72 horas solicitado por los abogados defensores del mandatario.
- Sucesión prevista: En caso de que se concrete la remoción de Peña, el vicepresidente Pedro Alliana asumirá la jefatura del Poder Ejecutivo.
