El gabinete de Santiago Peña registra una nueva dimisión con la salida de José Alberto Alderete de su puesto de asesor político presidencial. La determinación se conoció en Asunción durante una jornada marcada por la alta tensión institucional que rodea a la máxima autoridad del país. Con este paso al costado, la estructura del Poder Ejecutivo sufre otro golpe decisivo en sus filas operativas.
Una cadena de dimisiones en el gabinete de Santiago Peña
El alejamiento de Alderete engrosa una lista que ya suma cuatro renuncias ministeriales y asesoras en menos de dos días. Antes de esta determinación, el ministro del Interior, Enrique Riera, oficializó su dimisión mediante el Decreto 7199. Dicho despacho quedó a cargo interino del viceministro de Seguridad Interna, Carlos Humberto Benítez González, mientras Riera evalúa retornar a su banca en la Cámara Alta.
A la vacancia en el área de seguridad interna se sumaron casi de inmediato otras dos salidas en el Palacio de López. Javier Giménez García de Zúñiga dimitió como secretario general y jefe del Gabinete Civil de la Presidencia mediante el Decreto 7201. Asimismo, Roberto Moreno Rodríguez presentó su alejamiento del cargo de ministro asesor jurídico a través del Decreto 7200.
La trayectoria política de José Alberto Alderete
Alderete representa una de las figuras con mayor recorrido dentro de la Asociación Nacional Republicana en las últimas décadas. Su historial legislativo incluye su desempeño como senador nacional entre 1993 y 1998, además de haber liderado el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones durante la administración de Nicanor Duarte Frutos.
Asimismo, ha intervenido activamente en la conducción partidaria y en la articulación de acuerdos estratégicos durante múltiples campañas electorales. Su presencia en el gabinete de Santiago Peña funcionaba como un puente clave entre la gestión técnica y las bases dirigenciales del oficialismo. Por ese motivo, su salida deja un vacío complejo para las negociaciones parlamentarias.
El origen de la crisis institucional y el juicio político
El desencadenante directo de esta profunda inestabilidad fue la intervención y proceso de resolución de Ueno Bank por parte del Banco Central del Paraguay. La institución financiera había canalizado recursos de organismos estatales durante la presente administración gubernamental. Dichas operaciones suscitaron cuestionamientos ciudadanos y denuncias que desembocaron en el inicio de un juicio político por presunto mal desempeño de funciones.
Pese a que el mandatario remitió su renuncia al Congreso Nacional, la sesión bicameral correspondiente quedó sin quorum tras la retirada de legisladores oficialistas. Esta situación mantuvo a Peña formalmente en sus funciones mientras el Senado tramita la acusación constitucional. La defensa legal, encabezada por Ricardo Preda, solicitó prorrogar los plazos de contestación, pero la Cámara de Senadores rechazó el pedido.
Desafíos para la continuidad del Poder Ejecutivo
La salida acumulada de asesores jurídicos, coordinadores civiles y operadores políticos deja debilitada la conducción cotidiana del Estado paraguayo. Con la eventual sucesión a cargo del vicepresidente Pedro Alliana aún pendiente de definiciones constitucionales, la reorganización del gabinete de Santiago Peña enfrenta serias dificultades operativas.
Las próximas jornadas serán decisivas para determinar si el Ejecutivo logra recomponer sus cuadros de mando o si la crisis institucional precipita nuevas salidas. El escenario actual exige una articulación inmediata entre los sectores en disputa para evitar una parálisis prolongada en la administración pública nacional.
Datos clave
- Dimisión confirmada: José Alberto Alderete abandonó sus funciones como asesor político del Poder Ejecutivo paraguayo.
- Bajas acumuladas: La renuncia se suma a las de Enrique Riera, Javier Giménez y Roberto Moreno formalizadas mediante decretos.
- Proceso en curso: El Senado avanza con el juicio político contra el mandatario tras rechazarse una prórroga solicitada por su defensa.
- Detonante financiero: La crisis institucional se originó tras la resolución de Ueno Bank dispuesta por la banca matriz.
