La detención de expresidentes volvió a registrarse en Paraguay luego de casi dos décadas, tras la orden judicial que privó de su libertad a Santiago Peña en Asunción. La medida del Ministerio Público se concretó el viernes 6 de noviembre de 2026, horas después de que el Senado resolviera su destitución mediante juicio político. Con este traslado al Regimiento Escolta Presidencial, el escenario político revive un hecho histórico similar ocurrido a finales de 2006.
El antecedente de González Macchi en el penal militar
El antecedente inmediato remite a Luis Ángel González Macchi, quien ejerció la jefatura de Estado entre los años 1999 y 2003. El 4 de diciembre de 2006, un Tribunal de Sentencia lo condenó a ocho años de prisión por enriquecimiento ilícito y declaración falsa. Los jueces ordenaron su reclusión inmediata en el Regimiento Escolta Presidencial debido al peligro de fuga existente en ese momento.
En aquel proceso, el tribunal impuso una multa de 3.000 millones de guaraníes, inhabilitación pública y el comiso de 320.000 dólares. La acusación fiscal sostenía que el exgobernante percibió fondos indebidos para adjudicar la explotación de la quiniela a una firma ligada al empresario Reinaldo Domínguez Dibb. Además, los peritos examinaron una cuenta bancaria radicada en Suiza con fondos cuyo origen lícito no pudo justificarse.
La detención de expresidentes y el antecedente militar
Durante su estadía en la base castrense, González Macchi permaneció privado de su libertad durante 25 días. El 29 de diciembre de 2006, la Justicia le otorgó el arresto domiciliario bajo una caución de 2.500 millones de guaraníes. Meses más tarde, en mayo de 2007, una Cámara de Apelación anuló la condena y dictó su sobreseimiento definitivo. El impacto institucional que supone la detención de expresidentes cobró así un desenlace favorable para el exmandatario.
A diferencia de aquel caso juzgado en primera instancia, la situación procesal de Peña responde a una etapa preliminar. La Fiscalía General del Estado abrió una causa penal por supuesta lesión de confianza y otras conductas punibles. La orden de captura fue emitida por un equipo de agentes fiscales abocados a indagar irregularidades financieras en la entidad Ueno Bank.
Tensión social y traslado bajo custodia especial
La reclusión inicial de Peña comenzó en su residencia particular ubicada en la capital del país. No obstante, una multitud de manifestantes se congregó frente al inmueble, lo que generó incidentes con los agentes policiales encargados de la custodia. Por motivos estrictos de seguridad física, las autoridades resolvieron derivarlo antes de la medianoche al mismo cuartel militar donde estuvo su antecesor.
El Regimiento Escolta Presidencial funciona como una unidad de élite de las Fuerzas Armadas encargada de brindar protección a dignatarios. Su utilización para alojar a exmandatarios responde a directivas judiciales orientadas a resguardar la integridad de los procesados. En la historia política paraguaya, este nuevo episodio de detención de expresidentes abre interrogantes sobre el rumbo judicial que tomarán las investigaciones sobre el sistema bancario.
Procedimiento fiscal y garantías constitucionales
El Ministerio Público convocó al exmandatario para prestar declaración indagatoria ante los cuatro fiscales designados en la causa bancaria. Mientras la defensa técnica evalúa los recursos legales correspondientes, el juzgado de garantías deberá determinar la calificación de la medida cautelar. La legislación procesal penal paraguaya consagra la presunción de inocencia para todo ciudadano sometido a proceso hasta que exista sentencia firme.
Datos clave
- Aislamiento preventivo: Santiago Peña permanece recluido en el Regimiento Escolta Presidencial luego de su destitución por juicio político.
- Precedente histórico: Luis Ángel González Macchi estuvo preso 25 días en la misma unidad militar en diciembre de 2006.
- Causa penal: El Ministerio Público investiga a Peña por presunta lesión de confianza relacionada con el caso Ueno Bank.
- Garantías procesales: Todo investigado goza de la presunción de inocencia mientras se sustancian las etapas de la investigación penal.
