La posibilidad de abrir un juicio político a ministros de la Corte Suprema de Justicia generó una contundente reacción desde la principal fuerza opositora en Asunción. El titular del Partido Liberal Radical Auténtico, Alcides Riveros, aseguró que su agrupación no convalidará ninguna maniobra orientada al control total del sistema judicial ni entregará su respaldo como elemento de intercambio político. Aunque reconoció que persisten comentarios en el Congreso, enfatizó que no existe notificación formal sobre alguna acusación en curso.
Advertencia sobre un eventual juicio político a ministros
Riveros recalcó que la nucleación azul mantendrá un compromiso estricto con la institucionalidad democrática y el estado de derecho. En ese sentido, remarcó que las decisiones partidarias no se adoptarán de manera improvisada ni responderán a negociaciones de cargos en entidades estatales. La postura definitiva frente a cualquier planteamiento será debatida institucionalmente por el Directorio partidario antes de bajar una línea a los parlamentarios.
El dirigente partidario aclaró que hasta el momento solamente maneja la misma información extraoficial que circula en los pasillos legislativos y en los medios. Según sus declaraciones, ningún sector ha remitido un expediente formal para iniciar un juicio político a ministros de la máxima instancia. Por esta razón, el PLRA esperará la presentación de documentos concretos para evaluar los argumentos jurídicos de cualquier iniciativa acusatoria.
Asimismo, el titular liberal insistió en que no permitirán el debilitamiento de las garantías republicanas bajo presiones partidarias. Afirmó que la bancada liberal en el Congreso recibirá orientaciones precisas para priorizar la autonomía judicial por encima de los intereses coyunturales. La dirigencia buscará evitar que los votos de sus legisladores sirvan para facilitar la concentración de poder en un solo sector.
Ministros en la mira y sondeos en la Cámara de Diputados
Las especulaciones sobre este escenario cobraron notoriedad tras los comentarios emitidos por legisladores colorados no alineados al oficialismo. El senador Mario Varela admitió públicamente que existieron conversaciones y sondeos informales entre integrantes de la Cámara Baja para medir el clima político hacia este proceso. No obstante, el propio parlamentario aclaró que las consultas no derivaron en un libelo acusatorio formal.
Los nombres que formaron parte de los sondeos legislativos corresponden a los ministros Víctor Ríos, Manuel Ramírez Candia y Gustavo Santander Dans. Todos ellos integran la máxima instancia judicial del país tras haber cumplido con los procesos de selección correspondientes. Su eventual remoción abriría vacancias estratégicas en la cúpula judicial paraguaya, lo que genera alta preocupación en círculos políticos y gremiales.
El temor manifestado por la oposición radica en la posibilidad de someter a un juicio político a ministros con el propósito de ubicar perfiles afines al movimiento hegemónico en el Congreso. La reconfiguración de la máxima corte podría alterar el equilibrio interno en salas claves, como la Constitucional y la Penal. Por ello, la bancada opositora sostiene que cualquier vacancia forzada debe responder a causales graves y debidamente probadas.
Mecanismo constitucional y equilibrio de poderes en Paraguay
En Paraguay, el procedimiento de enjuiciamiento político se encuentra regulado de forma estricta por el artículo 225 de la Constitución Nacional. La normativa establece que la Cámara de Diputados actúa como parte acusadora, requiriendo una mayoría de dos tercios de los presentes para formular el pedido. Posteriormente, la Cámara de Senadores asume el rol de tribunal juzgador y debe reunir idéntica mayoría calificada para resolver la destitución.
La Corte Suprema de Justicia representa el órgano cúspide del sistema republicano y custodia el control de constitucionalidad de las leyes. Un intento de remover magistrados sin fundamentos de mal desempeño comprobable suele suscitar alertas tempranas en la sociedad civil y el sector empresarial. La estabilidad jurídica nacional depende en gran medida de evitar que las decisiones judiciales queden condicionadas por las mayorías parlamentarias de turno.
Datos clave
- El presidente del PLRA, Alcides Riveros, confirmó que no existen notificaciones oficiales sobre un proceso contra miembros de la Corte Suprema.
- La postura liberal rechaza negociar designaciones o respaldar cualquier intento de copamiento en el Poder Judicial.
- Los magistrados señalados en sondeos informales de la Cámara de Diputados son Víctor Ríos, Manuel Ramírez Candia y Gustavo Santander Dans.
- El senador Mario Varela confirmó la existencia de conversaciones preliminares, pero aclaró que no hay acusación formal en trámite.
- La Constitución Nacional exige mayorías calificadas de dos tercios tanto en Diputados como en el Senado para destituir a un ministro.
