El Poder Ejecutivo y cuatro gremios del magisterio concretaron un reajuste salarial docente escalonado del 5% para 2027 en Asunción, en medio de una profunda división sindical. La negociación se resolvió en la residencia presidencial de Mburuvicha Róga tras varias jornadas de debate sobre el presupuesto educativo nacional. Pese a la firma del documento oficial, otras cinco agrupaciones gremiales rechazaron el porcentaje ofrecido y confirmaron un cese de actividades en escuelas públicas.
La medida de fuerza convocada por las entidades disidentes motivó una inmediata respuesta de las autoridades estatales. El ministro de Educación y Ciencias, Luis Ramírez, comunicó que el Gobierno solicitará un informe jurídico detallado al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para verificar la validez formal de la protesta. La intención de la cartera educativa apunta a confirmar si los convocantes cumplieron con cada requerimiento previsto en la normativa laboral vigente antes de ausentarse de las aulas.
El alcance del reajuste salarial docente y su aplicación escalonada
El esquema salarial pactado fija una suba global dividida en dos tramos a lo largo del ejercicio fiscal 2027. La primera etapa contemplará una mejora del 2,4% a partir de enero, mientras que el 2,6% restante entrará en vigencia desde julio de ese mismo año. Con este esquema, el reajuste salarial docente busca otorgar previsibilidad presupuestaria al fisco y actualizar gradualmente los ingresos del personal de la educación básica y media.
La dirigencia que aceptó la fórmula gubernamental resaltó las cifras finales que percibirá cada trabajador de la educación en las distintas categorías. El presidente de la Federación de Educadores del Paraguay, Silvio Piris, puntualizó que la asignación básica llegará a unos G. 4.488.000 por turno. Aquellos profesionales que desempeñan funciones en dos turnos registrarán una suba próxima a los G. 426.000 mensuales, mientras que los cargos jerárquicos experimentarán variaciones superiores según sus escalas técnicas.
División gremial y revisión legal de la medida de fuerza
El acuerdo salarial no logró el consenso unánime de los trabajadores y generó posturas abiertamente contrapuestas dentro del sector educativo. El pacto fue firmado por la Federación de Educadores del Paraguay, la Asociación Paraguaya de Educadores, la Agremiación de Docentes del Paraguay y el sindicato Adofep. Estas nucleaciones decidieron levantar las medidas de presión y apostar por los canales de diálogo permanente con el equipo técnico del Estado paraguayo.
En contrapartida, cinco representaciones sindicales decidieron sostener la medida de fuerza por considerar insuficiente la propuesta oficial frente a sus reclamos históricos. El frente disidente incluye a la OTEP-SN, la Otep-Auténtica, la UNE-SN, el MAS-SN y Educadores Agremiados. Dichos sindicatos mantienen su exigencia inicial de un 8% de incremento directo en el salario básico y ratificaron la realización de dos jornadas continuas de protesta a nivel país.
Ante este escenario, el titular del MEC enfatizó que la cartera actuará conforme al marco normativo vigente si se comprueban irregularidades en la convocatoria gremial. Ramírez precisó que pedirá una postura legal a la ministra de Trabajo, Mónica Recalde, para definir qué acciones administrativas corresponden aplicar ante las eventuales inasistencias en los centros educativos. El secretario de Estado lamentó la interrupción de clases y señaló que la suspensión de tareas perjudica directamente a los escolares.
Impacto fiscal y compromisos asumidos con el magisterio
El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, ratificó que el Poder Ejecutivo ya remitió al Congreso Nacional los ajustes presupuestarios requeridos para financiar este plan salarial. Según los números presentados por los dirigentes gremiales firmantes, la aplicación de la suba salarial demandará unos USD 47 millones para las arcas estatales. A este monto se sumarán aproximadamente USD 9 millones destinados al escalafón docente y al reconocimiento de la antigüedad laboral.
El entendimiento oficial incorpora además un compromiso financiero para regularizar pasivos históricos con la seguridad social paraguaya. El Ejecutivo prevé destinar cerca de G. 40.000 millones para cancelar obligaciones acumuladas desde el año 2015 con el Instituto de Previsión Social. Estas transferencias permitirán normalizar la situación previsional de miles de maestros que aguardan el cómputo correcto de sus aportes jubilatorios.
De forma complementaria, el ministerio proyecta articular un régimen integral enfocado en la carrera profesional, la capacitación pedagógica continua y los sistemas de evaluación por mérito. Las autoridades manifestaron su interés en que las mejoras en el reajuste salarial docente dependan progresivamente del desempeño académico y la formación continua, disminuyendo la dependencia exclusiva de negociaciones políticas anuales en el parlamento.
Datos clave
- Acuerdo del 5%: El Ejecutivo cerró una suba salarial en dos etapas para 2027, con un 2,4% en enero y un 2,6% en julio.
- Sindicatos divididos: Cuatro organizaciones docentes firmaron el pacto oficial, mientras otros cinco gremios ratificaron un paro de 48 horas.
- Control de legalidad: El Ministerio de Educación pedirá al Ministerio de Trabajo un dictamen jurídico para evaluar sanciones ante posibles faltas injustificadas.
- Fondos para previsión: El plan contempla destinar G. 40.000 millones para amortizar deudas acumuladas desde 2015 con el IPS.
