Las operaciones de Ueno Bank quedaron formalmente bajo escrutinio legislativo tras la aprobación de varios pedidos de informes dirigidos al Banco Central del Paraguay en Asunción. La Cámara de Senadores dio luz verde a requerimientos presentados tanto por la bancada oficialista como por referentes de la oposición política. La banca matriz deberá transparentar datos sobre la captación de fondos y los mecanismos de supervisión aplicados.
El documento principal impulsado por el movimiento Honor Colorado, liderado en la sesión por el titular del Congreso, Basilio Núñez, plantea un cuestionario de 31 preguntas técnicas. Los parlamentarios oficialistas explicaron que su intención es esclarecer y desmentir públicamente que Horacio Cartes haya incidido para canalizar recursos estatales hacia dicha entidad financiera. La iniciativa legislativa busca determinar si se respetaron los límites regulatorios vigentes en el país.
Cuestionario oficial sobre las operaciones de Ueno Bank
El requerimiento legislativo hace foco en los recursos públicos y fondos previsionales del Instituto de Previsión Social que suman cerca de 5,1 billones de guaraníes, equivalentes a 862 millones de dólares. A través de este cuestionario, la Cámara Alta busca conocer si el banco incurrió en extralimitaciones normativas en transacciones con firmas asociadas al Grupo Vázquez SAE, firma presidida por Federico Miguel Vázquez. Asimismo, se pide precisar el grado de supervisión ejercido desde la Superintendencia de Bancos sobre este proceso de captación masiva.
La solicitud adquiere un relieve particular debido a que el actual presidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, ocupó la presidencia de la entonces Financiera Ueno antes de asumir la conducción monetaria. El Senado requiere documentación exhaustiva para verificar si existieron advertencias tempranas, auditorías especiales o excepciones concedidas durante la transición y consolidación de la firma dentro del sistema bancario paraguayo.
Reclamos de la oposición y desembolsos a jubilados
De manera complementaria, el pleno legislativo admitió una solicitud presentada por el senador Rafael Filizzola, del Partido Demócrata Progresista. El legislador requirió que el ente regulador aclare si existe algún obstáculo legal, técnico u operativo que impida a la previsional transferir directamente el dinero de los préstamos en cuentas bancarias de libre elección para funcionarios y jubilados. Este punto apunta a transparentar la exclusividad o los convenios de desembolso manejados históricamente.
El texto de Filizzola también exige informar si la Superintendencia de Bancos o la presidencia de la banca matriz recepcionaron reclamos formales sobre este tema desde el año 2020 en adelante. La consulta abarca gestiones y expedientes vinculados a Visión Banco, Ueno Bank u otras firmas que hayan intervenido en la operatoria de cobros y créditos de la previsional. En la misma jornada, los senadores incluyeron pedidos adicionales sobre el diferimiento de pérdidas contables que atañe a otras entidades financieras, como Sudameris, GNB e Itaú.
Datos clave
- Monto bajo verificación: La entidad bancaria concentra alrededor de 5,1 billones de guaraníes en recursos estatales y fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social.
- Extenso cuestionario: El Senado aprobó una solicitud con 31 preguntas técnicas enfocadas en el cumplimiento de los topes legales y operaciones vinculadas.
- Rol de la banca matriz: La solicitud indaga los controles aplicados bajo la administración de Carlos Carvallo Spalding, quien presidió la financiera antes de liderar el BCP.
- Libertad de elección: Se requirió dictamen sobre la viabilidad de que funcionarios y jubilados elijan cualquier entidad financiera para recibir sus créditos previsionales.
