El proceso en el juicio a Nicolás Maduro sumó un nuevo capítulo procesal este jueves en los tribunales federales de Nueva York. Tanto el exmandatario venezolano como su esposa, Cilia Flores, comparecieron ante la sede judicial para declararse no culpables de los recientes cargos presentados por conspiración para cometer torturas. La audiencia marca la ampliación formal de la causa abierta en territorio estadounidense.
Nuevas acusaciones de tortura en Nueva York
La acusación formal presentada por los fiscales sostiene que el dirigente autorizó prácticas represivas sistemáticas contra la oposición política tras asumir el mando en Venezuela en 2013. Según los documentos del caso, las acciones imputadas abarcan abusos físicos, aislamiento prolongado y privaciones dirigidas a socavar a la disidencia.
El escrito del Ministerio Público detalla que más de una docena de ciudadanos estadounidenses encarcelados en prisiones venezolanas padecieron estos tratos mientras Maduro ejercía el poder. Los fiscales sostienen que la estructura estatal se utilizó deliberadamente para ejercer violencia física y castigos corporales extremos contra detenidos específicos.
Durante la comparecencia, el acusado desestimó categóricamente los señalamientos en su contra al hacer uso de la palabra ante el tribunal. El imputado manifestó en español que rechazaba las acusaciones y los testimonios por considerarlos falsos, antes de que el juez Alvin Hellerstein registrara formalmente la postura de no culpabilidad.
La postura de la defensa y el juicio a Nicolás Maduro
Por su parte, Cilia Flores ratificó su inocencia al dirigirse brevemente al estrado penal en la misma audiencia. La imputada, quien previamente solicitó sin éxito el beneficio de libertad bajo fianza argumentando complicaciones cardíacas, afirmó que no tiene responsabilidad en los hechos descritos en el expediente.
Los representantes legales de la pareja insisten en solicitar la desestimación integral del proceso judicial argumentando la figura de la inmunidad soberana. La defensa sostiene que el traslado involuntario de ambos fuera de Venezuela constituyó un procedimiento irregular carente de validez bajo los convenios jurídicos internacionales.
En audiencias previas, el exmandatario calificó las actuaciones de Washington como parte de una estrategia para intervenir en la soberanía de su país. Dentro de la causa del juicio a Nicolás Maduro, los abogados defensores afirman que no corresponde juzgar a un líder estatal en funciones o con reclamo de inmunidad en un tribunal ordinario extranjero.
Antecedentes judiciales y el proceso previsto para 2027
Ambos acusados permanecen recluidos en un centro de detención federal en Brooklyn tras haber sido capturados durante un operativo militar estadounidense en enero. La acusación original contra el mandatario contemplaba cargos graves de narcoterrorismo, conspiración para el tráfico de cocaína y tenencia ilícita de armamento militar.
El calendario procesal fijado por el juzgado de Manhattan establece que el inicio del juicio con jurado tendrá lugar en junio de 2027. Mientras tanto, las partes deberán debatir mociones previas vinculadas con la jurisdicción, la admisión de pruebas y los reclamos sobre inmunidad diplomática planteados por la defensa.
El seguimiento de este litigio genera particular atención en la región debido al precedente que representa el enjuiciamiento penal de un líder político sudamericano en tribunales extranjeros. En Paraguay y el resto del continente, los expertos en derecho internacional observan con atención el alcance de la doctrina de inmunidad estatal en litigios por derechos humanos.
Datos clave
- Declaración: Nicolás Maduro y Cilia Flores se declararon no culpables de cargos de conspiración para cometer tortura en Nueva York.
- Nuevos cargos: La fiscalía federal los acusa de supervisar un sistema de abusos y detención arbitraria que afectó a más de doce ciudadanos estadounidenses.
- Línea de defensa: Los abogados argumentan inmunidad soberana e impugnan la legalidad de la captura efectuada en enero.
- Próximas etapas: El juicio penal está programado para dar inicio en junio de 2027 en los tribunales estadounidenses.
