Una auditoría institucional constató presuntas irregularidades en Senasa que habrían provocado un perjuicio patrimonial estimado en G. 8.500 millones en obras de agua potable. El examen técnico fue ejecutado por la Dirección General de Auditoría Interna del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social sobre proyectos destinados a comunidades rurales y poblaciones indígenas del país.
La verificación puso al descubierto fallas sustanciales en la ejecución contractual y en la calidad técnica de las infraestructuras entregadas. Walter Laguardia, director general de Auditoría Interna de la cartera sanitaria, confirmó la existencia de estas anomalías detectadas en los controles técnicos y contables.
Alcance de las irregularidades en Senasa y zonas afectadas
El Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental tiene a su cargo el diseño y la instalación de pozos, redes de distribución y tanques para poblaciones vulnerables que carecen de saneamiento básico. No obstante, las revisiones determinaron que varios sistemas instalados no garantizan la provisión de agua apta para el consumo humano.
Esta situación genera una seria preocupación sanitaria debido a que las comunidades beneficiarias dependen exclusivamente de estas redes para satisfacer sus necesidades cotidianas. Al suministrar agua sin los estándares requeridos de potabilización, el Estado incumple con el derecho básico al acceso al agua segura para sectores de extrema vulnerabilidad.
Asimismo, las averiguaciones arrojaron que las obras no contaban con la cobertura total de las pólizas de seguro exigidas en los pliegos de bases y condiciones. La falta de estos respaldos contractuales dejó desprotegidos los fondos del Estado ante eventuales incumplimientos o desperfectos constructivos en las comunidades intervenidas.
El procedimiento administrativo y las responsabilidades
El informe presentado por Laguardia puntualizó que el perjuicio estimado alcanza los G. 8.500 millones. El equipo auditor continúa con la recolección de documentos, facturas y actas de recepción de obras para elaborar el dictamen concluyente del caso.
Los antecedentes del proceso permitirán identificar a las firmas contratistas que participaron en las licitaciones, así como a los fiscalizadores designados por la institución para aprobar los trabajos. La investigación determinará si los defectos se originaron en la falta de supervisión interna o en desviaciones deliberadas de los fondos asignados.
Una vez que se complete la etapa de verificación documental, el Ministerio de Salud Pública deberá remitir los antecedentes ante la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Contraloría General de la República. Si se confirman elementos de relevancia penal, el caso pasará al Ministerio Público para la formulación de denuncias e imputaciones correspondientes.
Impacto sanitario y relevancia para el país
El acceso a servicios sanitarios representa uno de los desafíos más urgentes en el interior de Paraguay, donde miles de familias sufren la falta crónica de agua tratada. Casos vinculados a irregularidades en Senasa comprometen el presupuesto público e impiden reducir las enfermedades transmitidas por fuentes hídricas contaminadas.
El esclarecimiento de las irregularidades en Senasa resulta clave para determinar las responsabilidades administrativas de los funcionarios que avalaron las entregas irregulares. La cartera sanitaria prevé profundizar las auditorías en otros contratos vigentes de saneamiento para resguardar los recursos del erario público.
Datos clave
- Monto del perjuicio: La auditoría del Ministerio de Salud estimó un presunto daño económico de G. 8.500 millones.
- Falla sanitaria: Varios sistemas de distribución terminados no suministran agua apta para el consumo humano.
- Pólizas ausentes: Se detectaron obras que no contaban con las coberturas de seguros contractuales requeridas.
- Población afectada: Los proyectos bajo sospecha debían beneficiar a comunidades rurales e indígenas vulnerables.
- Acciones legales: Las autoridades completan el acopio de pruebas antes de formalizar denuncias ante la Fiscalía.
