Un grave esquema de corrupción en Salud fue revelado este jueves por el titular del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Isaías Fretes, junto con miembros de su gabinete en Asunción. Las pesquisas administrativas sacaron a la luz severas anomalías tanto en la ejecución de obras de agua potable para comunidades vulnerables como en la carga de carburantes de flotas públicas.
Frente a estos resultados, la cartera sanitaria resolvió la apertura de auditorías forenses inmediatas y sumarios administrativos. Asimismo, confirmó que remitirá todos los antecedentes recabados a la Fiscalía General del Estado y a la Procuraduría General de la República para iniciar acciones penales y resarcitorias.
Fondos internacionales y obras fallidas en Senasa
El punto de mayor gravedad compromete al Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental dentro de un programa trazado para construir sistemas de agua potable en pequeñas localidades y asentamientos indígenas. Dicho plan global contaba con un financiamiento proyectado que superaba los 55 millones de dólares, solventado mediante préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo por 40 millones de dólares y del Instituto de Crédito Oficial de España por 20 millones de dólares.
Para el soporte técnico y fiduciario del proyecto se adjudicó una consultoría por más de 36.060 millones de guaraníes. Sin embargo, el ministro Fretes remarcó que las tareas fracasaron rotundamente a raíz de una gestión deficiente de la empresa contratada, situación que derivó en la cancelación forzada de las obras previstas.
De acuerdo con las verificaciones expuestas por el director general de Auditoría Interna, Santiago Laguardia, los pobladores de comunidades chaqueñas como Laguna Negra y La Patria recibieron agua que carecía de las condiciones mínimas de potabilidad. El perjuicio económico preliminar comprobado dentro de esta dependencia ronda los 8.530 millones de guaraníes.
Hallazgos de corrupción en Salud y rescisión de contratos
El director general de Asesoría Jurídica de la institución, Gustavo Irala, informó que se tomó la determinación de rescindir el vínculo contractual con el Consorcio AH Consultores. El representante legal de dicha firma es Hugo Daniel Rodríguez Ayala, un antiguo funcionario que ejerció como jefe financiero del servicio ambiental entre 1996 y 2010, con antecedentes de cobros irregulares señalados en auditorías previas de la Contraloría.
Irala precisó que la Procuraduría intervendrá para reclamar la devolución de los recursos del Estado paraguayo. A la par, el Ministerio Público abrirá una causa penal para determinar las responsabilidades de particulares y funcionarios públicos involucrados en las maniobras.
Esta serie de medidas ocurre luego de relevos recientes en la cúpula del ente de saneamiento, donde Óscar Roberto Velázquez Benítez asumió la dirección general por mandato del Poder Ejecutivo en reemplazo de Fernando Enrique García Alonso.
Desvíos sistemáticos de combustible en centros asistenciales
Las inspecciones internas también desnudaron un esquema fraudulento con los vales y tiquetes de carburante asignados a ambulancias, generadores y vehículos operativos. La alerta inicial surgió en la Décimo Quinta Región Sanitaria de Presidente Hayes, donde se comprobaron pérdidas por más de 180 millones de guaraníes debido a cargas sin respaldo documental.
En esa misma zona del Chaco paraguayo se detectaron desembolsos irregulares por 63 millones de guaraníes que supuestamente iban a abastecer generadores eléctricos en Unidades de Salud de la Familia. Por estos hechos, tres funcionarios locales fueron destituidos y denunciados ante la justicia.
Por su parte, en la Segunda Región Sanitaria correspondiente al departamento de San Pedro, los peritos descubrieron la adulteración de odómetros para fingir recorridos inexistentes y cobros de combustible para traslados de urgencia que nunca se realizaron, con un daño estimado en 300 millones de guaraníes. Las intervenciones de control se extenderán ahora hacia dependencias de Cordillera, Guairá y Paraguarí para frenar la corrupción en Salud.
Datos clave
- Daño patrimonial en agua potable: La auditoría en Senasa constató un perjuicio preliminar de 8.530 millones de guaraníes en obras abandonadas financiadas por el BID y España.
- Contrato cancelado: El Ministerio de Salud rescindió el acuerdo de consultoría con el Consorcio AH Consultores y elevó el caso a la Procuraduría y la Fiscalía.
- Agua no potable en el Chaco: Familias de comunidades indígenas de Laguna Negra y La Patria recibieron suministro sin estándares para consumo humano.
- Combustible adulterado: Se identificaron desvíos por más de 480 millones de guaraníes entre Presidente Hayes y San Pedro mediante odómetros manipulados y traslados ficticios.
