Un grupo de padres de familia presentó al Congreso Nacional un proyecto de ley para penalizar la difusión de contenidos sobre identidad de género orientados al público infantil. La entrega del documento se realizó tras una movilización en el centro capitalino que culminó en la sede legislativa. El titular del Parlamento recibió la propuesta y manifestó su predisposición favorable al tratamiento del texto.
La iniciativa busca introducir modificaciones al Código Penal paraguayo en medio de fuertes cuestionamientos sobre los materiales pedagógicos recientemente emitidos por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Diversos sectores de la sociedad civil sostienen posturas encontradas respecto a los criterios que deben regir la formación de niños y adolescentes en las aulas del país.
Alcance de las penas y modificaciones planteadas
El documento entregado a los legisladores plantea incorporar la figura de abuso bajo otras formas como artículo 135.c dentro del Código Penal. De acuerdo con el planteamiento, quienes confeccionen, comercialicen o divulguen materiales que puedan alterar la percepción de los menores recibirían condenas que van desde cuatro hasta diez años de privación de libertad.
Asimismo, el texto establece agravantes específicas para casos en que participen funcionarios estatales o autoridades electas. En esas circunstancias, las sanciones podrían escalar a rangos de diez a quince años de penitenciaría, con un máximo posible de veinte años si los involucrados autorizaron formalmente los textos o actividades objetadas.
Por tratarse de una propuesta ciudadana, el texto no constituye una norma vigente en el ordenamiento paraguayo. Su eventual aplicación dependerá de los dictámenes de las comisiones asesoras, del debate en ambas cámaras legislativas y de la correspondiente promulgación o veto por parte del Poder Ejecutivo.
La propuesta penal y el debate sobre identidad de género
La marcha denominada por sus organizadores como Marcha por la Vida comenzó en la plaza de la Democracia y concluyó en la plaza del Congreso. Durante la caminata, los manifestantes expresaron su rechazo a conceptos que consideran ajenos al desarrollo de los menores y afirmaron que ciertos enfoques sobre la identidad de género en los colegios generan desorientación.
El presidente del Congreso, Basilio Núñez, salió a recibir a los representantes de la marcha y garantizó el acompañamiento institucional para dar curso al documento. El legislador escuchó las inquietudes de los manifestantes, quienes solicitaron celeridad en la revisión de los artículos propuestos para frenar la circulación de contenidos pedagógicos que desaprueban.
Controversias en torno a los textos del MEC
El planteamiento legislativo surge tras varios cuestionamientos a manuales y guías didácticas distribuidas por el Ministerio de Educación y Ciencias. Entre los puntos más debatidos figura un material que aconseja a las niñas conversar con sus progenitores o parientes varones sobre la edad apropiada para iniciar relaciones afectivas.
Legisladoras de la oposición manifestaron su disconformidad con estas orientaciones oficiales. La senadora Esperanza Martínez advirtió que dichos textos reproducen visiones perjudiciales, mientras que la senadora Blanca Ovelar señaló que estas medidas significan un retroceso respecto a las reformas que buscaban suprimir los estereotipos machistas en el ámbito educativo.
Datos clave
- Iniciativa ciudadana: la propuesta busca crear el artículo 135.c del Código Penal para sancionar a quienes divulguen ciertos materiales a niños.
- Sanciones severas: las penas planteadas van de 4 a 10 años de encierro, y pueden alcanzar hasta 20 años si involucran a funcionarios que autorizaron los contenidos.
- Respaldo legislativo: el titular del Congreso, Basilio Núñez, recibió formalmente el proyecto entregado por los manifestantes en Asunción.
- Debate educativo: el reclamo se intensificó tras las críticas de senadoras a textos del MEC que consideran desfasados o con sesgo machista.
