Pobladores de asentamientos rurales del departamento de San Pedro se movilizaron este miércoles sobre la ruta PY11, en la zona de Aguerito, en la localidad de Yaguareté Forest, distrito de Santa Rosa del Aguaray. Reclaman la libertad del dirigente campesino y político Elvio Benítez, que sigue sometido a proceso judicial y continúa con tobillera electrónica.
La manifestación se desarrolló bajo la vigilancia de un cordón de seguridad policial. Los participantes consideran que las restricciones impuestas al dirigente son una forma de persecución y criminalización de la lucha social. Su objetivo es presionar para que la Justicia revise las medidas que hoy le impiden desplazarse libremente.
Lo que dicen los manifestantes
El dirigente campesino Eulalio López calificó de injusta la situación de Benítez y pidió que se le permita recuperar su libertad ambulatoria.
Ernesto Benítez, hermano del dirigente, cuestionó el trato diferenciado. Según explicó, los demás procesados en la misma causa ya recuperaron su libertad mediante medidas alternativas, mientras Elvio sigue confinado en una vivienda de Santa Rosa del Aguaray. La familia interpreta esa diferencia como una posible persecución dirigida contra él.
Por su parte, Alba Ocampos advirtió que la marcha es apenas el comienzo de una serie de acciones. Si no hay una respuesta favorable al pedido de libertad, dijo, las protestas podrían intensificarse en los próximos días.
Dos causas penales abiertas
Benítez enfrenta dos procesos judiciales:
- Apología del delito. En esta causa, en la que intervino la fiscal Laura Romero, obtuvo medidas alternativas a la prisión.
- Conflicto en la estancia Lusipar. Fue imputado por supuestos hechos de invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y tentativa de homicidio, entre otros cargos. La investigación estuvo a cargo de la fiscal Marlene Florentín.
En esta segunda causa siguen vigentes las restricciones. La defensa del dirigente volvió a solicitar la revisión de las medidas cautelares para que pueda recuperar su libertad ambulatoria.
De la orden de captura a la tobillera
Benítez pasó casi cinco meses con orden de captura. El 28 de abril se presentó voluntariamente en la Comisaría 18ª de Santa Rosa del Aguaray. Lo hizo un día después de anunciar públicamente su candidatura a la Presidencia de la República por el Partido Convergencia Popular Socialista.
Tras su presentación fue trasladado a Asunción y remitido a la Penitenciaría de Emboscada, donde permaneció recluido. Más adelante obtuvo medidas sustitutivas a la prisión en una de las causas, aunque continúa con restricciones judiciales y el control de la tobillera electrónica.
Qué pasó en Lusipar
Los hechos que se investigan ocurrieron el 5 de diciembre de 2025. Ese día, una caravana de unos 50 vehículos intentó ingresar a la estancia Lusipar, en Santa Rosa del Aguaray.
Durante el operativo policial se produjo un enfrentamiento con este saldo:
- dos policías heridos por disparos de arma de fuego,
- varios campesinos lesionados,
- daños en vehículos policiales,
- la incautación de 32 vehículos pertenecientes a los manifestantes.
Tras las detenciones, las organizaciones campesinas realizaron varias movilizaciones para exigir la liberación de los procesados y la devolución de los bienes incautados.
29 campesinos, a un paso del juicio oral
En paralelo, el Ministerio Público presentó una acusación formal contra 29 campesinos procesados por el intento de ocupación de la estancia. Pidió que la causa sea elevada a juicio oral y público. La acusación lleva la firma de la fiscal Gloria Florentín y de los fiscales Juan Daniel Benítez, José Alberto Godoy y Laura Romero.
Los acusados enfrentan cargos por presunta:
- invasión de inmueble ajeno,
- perturbación de la paz pública,
- resistencia,
- incitación a cometer hechos punibles,
- daños,
- tentativa de homicidio doloso.
Todos estuvieron inicialmente en prisión preventiva y luego recuperaron la libertad mediante medidas alternativas. Ahora, el Juzgado de Garantías de Santa Rosa del Aguaray deberá convocar a una audiencia preliminar para decidir si el caso reúne las condiciones para llegar a juicio.
Una estancia que perteneció a un narco
La estancia Lusipar tiene unas 11.000 hectáreas. Está bajo administración de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) desde que fue decomisada al narcotraficante brasileño Luiz Carlos da Rocha, conocido como «Cabeça Branca», considerado durante años uno de los mayores proveedores de cocaína de la región.
El conflicto gira en buena medida en torno al arrendamiento del inmueble a particulares. Las organizaciones campesinas, en cambio, reclaman que esas tierras se destinen a la reforma agraria.
Lo que viene
El caso entra en una etapa decisiva. Por un lado, la Justicia debe resolver el nuevo pedido de revisión de medidas presentado por la defensa de Benítez. Por otro, el Juzgado de Garantías definirá si los 29 acusados irán a juicio oral. Mientras tanto, las organizaciones campesinas anuncian que seguirán en las rutas hasta obtener una respuesta.
