El debate sobre el gasto público en El Salvador tomó relevancia tras la difusión de un informe económico que expone cómo la totalidad de los fondos estatales se destinó a costos operativos. La evaluación fue presentada por el economista Carlos Acevedo durante una entrevista radial, donde detalló el comportamiento financiero estatal entre 2020 y 2025.
Según las estimaciones elaboradas con base en registros del Banco Central de Reserva salvadoreño, el fisco percibió alrededor de 49.000 millones de dólares en ese lapso de seis años. El cálculo excluyó los primeros siete meses de la gestión gubernamental iniciada en 2019 y los datos del periodo 2026.
Destino del gasto público en El Salvador y falta de inversión
El desglose presentado por el especialista evidenció una rígida distribución en las erogaciones estatales ordinarias. El 42 % de todos los recursos ingresados se canalizó hacia el pago de sueldos de los funcionarios y empleados públicos. A esa carga salarial se sumó un 21 % aplicado a subsidios sociales y energéticos.
Asimismo, el Estado debió utilizar un 18 % para cancelar los intereses de la deuda soberana y un 19 % para adquirir bienes y servicios operativos. Al completarse el cien por ciento de los recursos en estos cuatro rubros, no existió margen presupuestario genuino para financiar obras de infraestructura o desarrollo con ingresos propios.
Esta rigidez en el gasto público en El Salvador genera un escenario complejo que también resulta familiar en otras economías de la región. Cuando las partidas corrientes absorben todas las recaudaciones fiscales, la capacidad de modernizar escuelas, hospitales y redes de transporte queda supeditada de manera exclusiva al financiamiento externo.
Endeudamiento y presión financiera del Estado
Para ejecutar proyectos de capital físico ante la falta de ahorro corriente, la administración salvadoreña recurrió a la emisión de nuevos compromisos de crédito. Acevedo calculó que la deuda adquirida en este ciclo rondó los 15.000 millones de dólares en total.
El problema estructural radica en que cerca del 50 % de ese endeudamiento reciente se utilizó para saldar amortizaciones de compromisos previos. Esta situación implica que el flujo crediticio no se traduce necesariamente en nueva infraestructura, sino en la renovación constante de pasivos ya contraídos por administraciones anteriores.
El analista remarcó que, si bien el fisco dispone de liquidez en sus cuentas, gran parte de ese capital se encuentra hipotecado de antemano. Este esquema limita las políticas públicas orientadas al crecimiento a largo plazo y condiciona la estabilidad macroeconómica nacional.
Inflación alimentaria y aumento de la pobreza
El panorama financiero repercute directamente en la economía doméstica de las familias. Acevedo expuso que, si bien la inflación general marcó recientemente un 3,2 %, el incremento en el sector de alimentos rozó el 6 % y duplicó el promedio histórico del país.
El encarecimiento constante de la canasta básica presiona con severidad a los estratos de menores recursos económicos. Aunque el último registro situó la pobreza general en 22,5 % y la pobreza extrema en 7,7 %, el especialista advirtió que estos indicadores podrían deteriorarse en las próximas mediciones.
Aunque sectores como la construcción muestran dinamismo y emplean cuadrillas de obreros, albañiles y pequeños comercios de comida, los beneficios no se distribuyen de manera simétrica. Para el analista, este crecimiento asimétrico es insuficiente para compensar el impacto de los precios en los sectores más vulnerables.
Datos clave
- Absorción de fondos: El pago de salarios públicos concentró el 42 % de los 49.000 millones de dólares recaudados entre 2020 y 2025.
- Margen nulo: Los subsidios, compras corrientes y pago de intereses consumieron el 58 % restante, dejando en cero los fondos propios para obras.
- Rol de la deuda: Se contrajeron cerca de 15.000 millones de dólares en deuda, de los cuales casi la mitad se destinó a refinanciar amortizaciones pasadas.
- Costo de vida: La inflación de los alimentos llegó al 6 % y amenaza con incrementar las tasas de pobreza general y extrema.
