El régimen de empresas vinculadas a bancos afrontará una profunda modificación legal tras la crisis financiera que derivó en la intervención de entidades del sector privado. El asesor jurídico de la Presidencia de la República, Eduardo González Báez, confirmó que el Poder Ejecutivo enviará un proyecto de ley al Congreso Nacional para crear una administración transitoria de estas firmas.
La propuesta surge en el marco de la coyuntura que rodea a Ueno Bank y a las firmas que forman parte de su mismo conglomerado empresarial. El propósito central consiste en preservar los activos comerciales, proteger las fuentes de trabajo y evitar el vaciamiento patrimonial mientras dure la resolución bancaria oficial.
Alcance del régimen para empresas vinculadas a bancos
El plan normativo estipula la instauración de una administración temporal que se extenderá por un plazo de hasta ocho meses. Dicha intervención regirá únicamente en situaciones donde la banca matriz haya determinado la resolución de una entidad regulada por la Ley N.º 861/96.
La normativa vigente contenida en la Ley Nº 2334/03 faculta la toma de control sobre la firma bancaria afectada, pero deja al margen a las sociedades corporativas ligadas. Ante ese vacío, el documento impulsa un Consejo de Supervisión de Sociedades Vinculadas, integrado por delegados del Ejecutivo, Industria y Comercio, Economía y Finanzas, Trabajo y el Banco Central del Paraguay, cuyos miembros trabajarán ad honórem.
Durante este proceso excepcional, las empresas vinculadas a bancos pasarán a manos de un administrador profesional e independiente. Dicha designación implicará la remoción inmediata de directores, gerentes y apoderados generales, quienes deberán ceder el control de balances, documentaciones y bienes de forma perentoria.
Restricciones patrimoniales y protección del empleo
Desde el comienzo de la supervisión, las corporaciones alcanzadas tendrán vetada la venta de bienes registrables, el gravamen de activos, el pago a accionistas y el giro de dividendos. Estas salvaguardas procuran evitar maniobras de desvío de capital fuera del giro ordinario del negocio.
El texto garantiza la absoluta vigencia de las relaciones laborales vigentes, priorizando el desembolso regular de sueldos y los aportes a la seguridad social. A la par, se suspenderá la exigibilidad de créditos u obligaciones financieras a favor de exdirectivos o firmas asociadas, evitando privilegios corporativos indebidos.
Cualquier desprendimiento o comercialización de activos que resulte estrictamente necesario durante los ocho meses exigirá tasaciones periciales externas y convocatorias públicas. Además, la gestión del interventor deberá ser reportada ante las autoridades gubernamentales con una periodicidad mensual estricta.
Sin costo para el erario público ni duplicidad de roles
La normativa incorpora la posibilidad de recurrir al fuero judicial para declarar inoponibles pagos, transferencias o garantías suscritas con allegados de forma previa. Con este mecanismo legal se buscará anular maniobras sospechosas que perjudiquen la masa de acreedores o a los depositantes.
El documento aclara expresamente que el Estado paraguayo no asumirá bajo ninguna circunstancia los pasivos o compromisos comerciales de las empresas intervenidas. Por lo tanto, la operatividad del consejo y de las administraciones no requerirá transferencias adicionales del Presupuesto General de la Nación.
Finalmente, la estructura de supervisión complementará las potestades de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados sin suplantar facultades vigentes. La iniciativa quedará ahora a consideración del Legislativo para su tratamiento formal.
Datos clave
- Administración temporal: la intervención de las firmas durará un plazo máximo de ocho meses a cargo de un profesional independiente.
- Cesantía de directivos: los gerentes y directores de las sociedades vinculadas dejarán sus cargos y entregarán todos los libros contables.
- Prioridad laboral: se mantendrán los puestos de trabajo y se priorizará el pago de sueldos y aportes a la seguridad social.
- Cero costo estatal: el Estado no asumirá las deudas de las sociedades y la medida no afectará fondos públicos.
