La energía de Itaipú se encuentra en el centro de un intenso debate en Paraguay tras las advertencias del abogado Theodore Stimson, especialista en derecho energético e internacional. El jurista cuestionó la instalación de megacentros de procesamiento de datos destinados a la inteligencia artificial, al sostener que podrían favorecer a círculos reducidos y dejar escasos beneficios reales a la población. Su pronunciamiento surge tras el acuerdo entre la estadounidense Crusoe y la empresa paraguaya Araico.
Esta discusión coincide con el reciente acercamiento del Gobierno nacional a la iniciativa tecnológica Pax Silica promovida por los Estados Unidos. Según el planteamiento del especialista, el arribo de estas inversiones no garantiza de forma automática una mejora en las condiciones económicas de la ciudadanía.
Cuestionamientos al impacto real de los centros de datos
Stimson explicó que los complejos informáticos de gran envergadura requieren considerables extensiones territoriales, alta infraestructura de transmisión y masivos sistemas de enfriamiento. Dependiendo de los métodos técnicos empleados, estas instalaciones pueden ejercer una fuerte presión sobre las fuentes de agua y los servicios básicos locales.
Asimismo, advirtió sobre el bajo número de puestos laborales permanentes que generan estos recintos una vez operativos. Gran parte del trabajo se agota durante la etapa de construcción, ya que las operaciones posteriores se apoyan en tecnología automatizada y escaso personal técnico. Por ello, remarcó que el volumen de inversión no debe confundirse con un verdadero avance social.
El aprovechamiento de la energía de Itaipú y el modelo estatal
En su exposición histórica, el letrado recordó que las centrales hidroeléctricas fueron concebidas originalmente como palancas para industrializar las economías y elevar la calidad de vida colectiva. Tomó como referencia proyectos emblemáticos de Estados Unidos durante el siglo XX, tales como la Autoridad del Valle de Tennessee y el programa Punto Cuatro, diseñados para difundir el progreso técnico.
Desde ese enfoque, el profesional argumentó que la energía de Itaipú debe destinarse a robustecer las capacidades productivas de Paraguay y dinamizar el empleo sostenible. A su juicio, destinar este recurso estratégico a proyectos extractivos de electricidad sin contrapartidas claras puede profundizar las desigualdades sociales, por lo que instó a evaluar detenidamente las condiciones de cada contrato.
Críticas a la gestión de ANDE y reformas pendientes
El jurista dirigió además duras objeciones al rol de la Administración Nacional de Electricidad en el desarrollo económico. A su criterio, la empresa pública no ha conseguido utilizar la abundancia energética para transformar la estructura productiva paraguaya, viéndose condicionada por presiones sectoriales e inercias institucionales que frenan reformas indispensables.
En contraste, mencionó la evolución del mercado de Brasil, donde rige una separación entre las tareas de generación, transporte, distribución y comercialización eléctrica. Stimson concluyó que, tras cinco décadas del tratado binacional, las autoridades paraguayas deben modernizar el marco normativo para asegurar que la energía de Itaipú se traduzca en progreso tangible para la gente.
Datos clave
- Alerta jurídica: El abogado Theodore Stimson advirtió que los centros de datos podrían concentrar beneficios económicos y generar escaso empleo permanente en el país.
- Acuerdo tecnológico: El debate cobró fuerza tras la alianza firmada entre la compañía estadounidense Crusoe y la firma local Araico para proyectos de inteligencia artificial.
- Impacto sobre recursos: La advertencia subraya que estas instalaciones demandan gran cantidad de electricidad, espacio e insumos hídricos para sistemas de refrigeración.
- Reforma del sistema: El especialista señaló la necesidad de modernizar la gestión de la ANDE y revisar el esquema de comercialización hidroeléctrica frente a modelos como el brasileño.
