El Gobierno de Guatemala concretó este miércoles una disculpa a autoridades indígenas de Totonicapán y Sololá que sufrieron criminalización penal por liderar manifestaciones ciudadanas en 2023. La ceremonia tuvo lugar en el Patio de la Paz del Palacio Nacional de la Cultura, encabezada por el presidente Bernardo Arévalo de León junto a la vicepresidenta Karin Herrera y autoridades de la Procuraduría General de la Nación.
El acto solemne dio cumplimiento formal a lo resuelto por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. Dicha judicatura ordenó la medida reparatoria en resoluciones de septiembre dentro del expediente judicial 1069-2024-443, reconociendo las vulneraciones cometidas contra líderes ancestrales.
Persecución penal contra la dirigencia comunitaria
Durante las masivas movilizaciones de octubre de 2023, representantes comunitarios exigieron el respeto a los resultados de las elecciones generales ante los intentos de anular el proceso democrático. En respuesta, el Ministerio Público bajo la gestión de la fiscal general Consuelo Porras abrió una causa penal acusando a los líderes de terrorismo, sedición, asociación ilícita, obstrucción de justicia y obstaculización a la acción penal.
Entre los afectados figuran Luis Aroldo Pacheco Gutiérrez, quien presidió la Junta Directiva de los 48 Cantones en 2023, y el tesorero de esa entidad, Héctor Samuel Chaclán Batz. Ambos dirigentes fueron arrestados el 23 de abril de 2025 y permanecieron más de quince meses bajo prisión preventiva en el penal Mariscal Zavala hasta obtener su libertad en agosto.
La persecución judicial también involucró al vicepresidente de los 48 Cantones, Basilio Bernardo Puac García, y al vicealcalde de la Municipalidad Indígena de Sololá, Esteban Toc Tsay, ambos sujetos a arresto domiciliario. Por su parte, la vocal María Juana Elías Xunundetsik debió partir al exilio hasta que se decretó su sobreseimiento definitivo a finales de septiembre.
El alcance de la disculpa a autoridades indígenas
Durante su discurso, el procurador general de la Nación, Julio Saavedra, señaló que el aparato estatal trató a las juntas directivas comunitarias como organizaciones criminales a pesar de la inexistencia de pruebas. Afirmó con contundencia que manifestarse pacíficamente no constituye delito y lamentó el impacto colectivo que la causa generó sobre las estructuras tradicionales.
Al profundizar en el sentido del acto, el presidente Bernardo Arévalo destacó que la disculpa a autoridades indígenas reivindica a instituciones históricas frente a un proceso judicial sesgado, espurio y arbitrario. El gobernante recordó que convenios internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo obligan al Estado a respetar las formas de organización de los pueblos originarios.
La vicepresidenta Karin Herrera enfatizó que el reconocimiento estatal resulta indispensable para sanar fracturas y reconstruir la confianza social. Posteriormente, la mandataria se trasladó a Huehuetenango para cumplir compromisos de agenda con el cardenal Álvaro Ramazzini Imeri y participar en un congreso sobre tecnología y futuro.
Reclamos de reparación integral y demandas de cambio
Los dirigentes afectados tomaron la palabra para manifestar que el desagravio institucional debe traducirse en garantías reales para sus comunidades. Basilio Puac subrayó que una manifestación verbal resulta insuficiente si no se atienden las secuelas psicológicas y económicas ocasionadas a las familias de los perseguidos.
Por su parte, el alcalde indígena de Sololá, Miguel Ángel Vicente, demandó avances concretos en materia de salud, infraestructura vial y desarrollo productivo en los territorios ancestrales. Planteó asimismo abrir una discusión profunda hacia reformas constitucionales que blinden los derechos colectivos.
El líder de los 48 Cantones, Eduardo Tax, solicitó asentar este momento histórico para evitar que las formas tradicionales de servicio sean criminalizadas nuevamente. De esta manera, la disculpa a autoridades indígenas cerró un ciclo judicial pero abrió un escenario de exigencias comunitarias sobre el compromiso democrático en la región.
Datos clave
- Cinco dirigentes indígenas de Totonicapán y Sololá recibieron la disculpa institucional tras haber sido acusados de terrorismo y sedición.
- Más de 468 días pasaron privados de libertad los líderes comunales Luis Pacheco y Samuel Chaclán en el centro Mariscal Zavala.
- La orden judicial fue emitida por el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal dentro del expediente 1069-2024-443.
- El Convenio 169 de la OIT fue ratificado por el mandatario como base legal para garantizar el respeto irrestricto a los pueblos originarios.
