La deuda con constructoras experimentó un descenso significativo en Paraguay al ubicarse entre los 120 y 130 millones de dólares durante los últimos meses. Esta cifra representa una disminución notable frente a los más de 200 millones de dólares registrados al inicio del presente ejercicio fiscal. La reducción obedece al desembolso escalonado de recursos por parte del Poder Ejecutivo para mitigar las obligaciones pendientes con las firmas contratistas.
El presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Paul Sarubbi, confirmó que las transferencias del Gobierno permitieron aliviar las cuentas de las firmas del rubro. Sin embargo, el dirigente empresarial advirtió que el saldo final fluctúa constantemente con la emisión periódica de nuevos certificados de avance de obra. A la par, persiste un reclamo crucial relacionado con las penalizaciones monetarias ocasionadas por los retrasos administrativos en los pagos previos.
El impacto financiero de la deuda con constructoras
El sector de la infraestructura arrastra un pasivo complementario de gran peso que corresponde a los intereses moratorios generados en años anteriores. Según los registros del gremio vial, este concepto adicional asciende a una cifra que se ubica entre 60 y 70 millones de dólares. Las empresas viales esperan que la administración estatal establezca un mecanismo formal de reconocimiento y calendario de pago para estas cargas financieras acumuladas.
Para contener la crisis operativa de las empresas viales, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) impulsó una inyección de 150 millones de dólares entre abril y mayo pasados. Aquella medida excepcional brindó un respiro inmediato al flujo de caja de las contratistas y permitió reanudar proyectos que estaban amenazados por la falta de liquidez. Gracias a esas transferencias, las compañías pudieron renegociar plazos con entidades bancarias y regularizar compromisos con sus proveedores locales.
Previsibilidad en el Presupuesto General de la Nación
La sostenibilidad de los contratos depende de que el Ministerio de Economía y Finanzas mantenga la regularidad en el flujo de transferencias mensuales. El sector privado subraya que la falta de previsibilidad en los desembolsos encarece las obras viales debido al costo financiero derivado de los créditos de contingencia. Por ello, la regularización de la deuda con constructoras representa una condición indispensable para planificar licitaciones futuras y garantizar la continuidad laboral de miles de obreros en todo el país.
Ante este escenario, las empresas constructoras observan con especial atención el debate parlamentario en torno al Presupuesto General de la Nación 2027. La principal inquietud de Cavialpa radica en que el plan de gastos estatal reserve partidas suficientes para saldar las obligaciones acumuladas y fondear las intervenciones en curso. Un presupuesto desprovisto de margen financiero comprometería la ejecución de rutas, puentes y redes de saneamiento esenciales para la competitividad económica de Paraguay.
El rol de la infraestructura en el crecimiento nacional
La industria de la construcción constituye uno de los mayores dinamizadores del producto interno bruto y del empleo formal en las distintas regiones del país. Cuando el Estado posterga los desembolsos a las contratistas, la cadena de pagos sufre un impacto negativo que alcanza a subcontratistas, transportistas, canteras y fabricantes de materiales. Por esta razón, el saneamiento de las cuentas públicas con los gremios viales no solo otorga solidez al sistema bancario, sino que previene despidos masivos en campamentos de obras.
La normalización de la deuda con constructoras permitirá acelerar proyectos de infraestructura logística que Paraguay requiere con urgencia para conectar sus zonas productivas con los puertos fluviales y corredores bioceánicos. Los gremios del rubro reiteran su disposición para cooperar con las autoridades en mesas de trabajo técnico que definan cronogramas realistas para saldar los intereses pendientes. Mantener el ritmo de inversión pública sin acumular atrasos perjudiciales sigue siendo el gran desafío para el equilibrio fiscal y la reactivación económica del país.
Datos clave
- El pasivo del Estado con las firmas viales descendió a un rango de entre USD 120 millones y USD 130 millones, frente a los más de USD 200 millones reportados al comenzar el año.
- Los intereses por mora acumulados con el sector privado representan un compromiso pendiente estimado entre USD 60 millones y USD 70 millones.
- El plan de regularización implicó desembolsos oficiales por USD 150 millones entre abril y mayo para abastecer a proveedores del MOPC.
- El sector empresarial solicita partidas presupuestarias suficientes para 2027 con el fin de asegurar el avance ininterrumpido de las obras públicas.
