Los desastres naturales ocurren con un promedio de un evento por semana en América Latina y el Caribe, dejando un saldo trágico de casi 100.000 fallecidos y pérdidas superiores a 360.000 millones de dólares en los últimos cincuenta años. Así lo expuso un exhaustivo relevamiento conjunto elaborado por la Fundación Iberoamericana Empresarial, la aseguradora Mapfre y CAF–Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. El documento fue remitido formalmente a la Secretaría General Iberoamericana con el fin de debatir acciones concretas durante la XXX Cumbre Iberoamericana que tendrá lugar en Madrid.
El diagnóstico presentado demuestra una situación crítica para el continente, donde cuatro de cada diez ciudadanos padecieron de forma directa las consecuencias de tormentas severas, crecidas de ríos, sequías prolongadas, calores extremos o incendios. La investigación resalta que la frecuencia y virulencia de estos fenómenos crecen a la par del cambio climático, afectando la estabilidad fiscal de las naciones y golpeando con fuerza los presupuestos públicos destinados a atender contingencias.
Impacto persistente y vulnerabilidad financiera
El estudio advierte que las secuelas provocadas por los desastres naturales no culminan cuando desciende el agua o se apagan las llamas. Muy por el contrario, los efectos sobre la producción, la destrucción de obras viales, la alteración en el traslado de mercaderías y la pérdida de ingresos familiares persisten durante varias temporadas, perjudicando de manera directa el crecimiento económico y acentuando los niveles de pobreza.
A partir de registros históricos de la plataforma internacional EM-DAT, se comprobó un alza sostenida en los episodios meteorológicos e hidrológicos. Si bien los países de la zona consolidaron avances en sistemas de vigilancia, advertencia previa y respuesta comunitaria, estos mecanismos salvan vidas pero no impiden que el tejido productivo y la estructura fiscal sufran deterioros que demoran años en recomponerse.
Inversión requerida y la brecha en coberturas frente a desastres naturales
Frente a este escenario adverso, las estimaciones técnicas señalan que América Latina y el Caribe precisan destinar hasta 31.000 millones de dólares por año a la edificación y adaptación de infraestructura resistente contra temporales e inundaciones. En paralelo, los analistas plantean conseguir otros 15.000 millones de dólares adicionales antes del cierre de 2030, con la finalidad de fortalecer las políticas públicas de prevención y manejo del riesgo.
Un elemento alarmante identificado en el informe es la desprotección financiera existente: el 81% de los daños económicos potenciales no posee ningún tipo de seguro. Esta situación deja completamente expuestas a las familias de menores recursos y a las pequeñas unidades comerciales, que deben afrontar la reconstrucción con fondos propios ante la falta de esquemas estructurados de reaseguros, bonos catastróficos o fondos de contingencia estatal para amortiguar los choques mayores.
La propuesta de diez medidas para la región
El plan diseñado por los economistas Manuel Balmaseda, Ángel Melguizo y Víctor Muñoz propone un decálogo integral enfocado en instituir la resiliencia financiera como un eje central de las políticas estatales. Entre los puntos sobresalientes figuran el despliegue de alianzas público-privadas, el blindaje de la infraestructura crítica, la rapidez en los desembolsos poscrisis y el aprovechamiento de instrumentos financieros combinados con tecnología.
El propósito de esta estrategia consiste en asegurar liquidez inmediata para recomponer servicios básicos y restituir la dinámica económica sin comprometer el endeudamiento de los estados. Los autores remarcan que la contención de emergencias debe articularse con herramientas económicas modernas para resguardar a las comunidades más vulnerables.
Datos clave
- Impacto histórico: Casi 100.000 muertes y más de 360.000 millones de dólares en pérdidas acumuladas durante 50 años en la región.
- Frecuencia y alcance: Un evento destructivo ocurre cada semana en promedio y cuatro de cada diez habitantes ya resultaron afectados.
- Déficit asegurador: El 81% de las pérdidas potenciales carece de cobertura o seguros financieros ante siniestros graves.
- Financiamiento necesario: Se requieren hasta 31.000 millones de dólares al año para construir infraestructura resistente en los países de América Latina y el Caribe.
