La crisis sobre la libertad religiosa en Nicaragua fue denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante una audiencia celebrada en Panamá. Diversas organizaciones civiles y sacerdotes en el exilio advirtieron que la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo autoriza algunas festividades solo para proyectar normalidad al exterior. Sin embargo, los participantes remarcaron que el Estado mantiene un hostigamiento constante contra la fe católica.
Las medidas estatales contra templos y líderes eclesiales
Durante el 197 período de sesiones del organismo interamericano, representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y del Colectivo Nicaragua Nunca Más expusieron el patrón de acoso. En la sesión se constató la ausencia absoluta de delegados del gobierno nicaragüense, una postura habitual en estas audiencias internacionales.
Marylaura Acuña, abogada y oficial de incidencia de Cejil, detalló que las autoridades ejecutan confiscaciones de inmuebles de congregaciones religiosas y cancelan personerías jurídicas. A esto se suma el retiro de exoneraciones tributarias y el asedio constante a parroquias en distintas ciudades.
La persecución también se traduce en arrestos arbitrarios, desapariciones y el destierro forzado de clérigos católicos y pastores evangélicos. Según la denuncia formal, incluso se ha impedido a familias despedir y dar sepultura a personas que fallecieron bajo custodia policial.
La supuesta libertad religiosa en Nicaragua bajo vigilancia policial
Las organizaciones alertaron que el régimen manipula las autorizaciones de las fiestas patronales con el fin de proyectar una imagen ficticia de tolerancia institucional. De acuerdo con los testimonios expuestos ante la CIDH, esta permisividad opera bajo reglas cambiantes que buscan infundir incertidumbre y miedo entre la población creyente.
El sacerdote dominico Rafael Aragón, exiliado en Costa Rica desde 2023, explicó que las autoridades orquestan una fachada noticiosa orientada a la opinión internacional. Según el religioso, el despliegue de efectivos policiales y parapoliciales en las calles restringe los recorridos tradicionales e impide que los fieles se aproximen a las imágenes veneradas.
Acuña remarcó que las restricciones se aplican de forma imprevisible y sin normas escritas. Esta falta de previsibilidad alimenta el temor en comunidades de Managua, Masaya, Boaco, León y Matagalpa, donde recientemente se reanudaron procesiones sujetas a estricto control estatal.
Repercusiones para la región y el sistema interamericano
El activista Gonzalo Carrión afirmó que los atropellos a la libertad religiosa en Nicaragua forman parte de una represión generalizada y sistemática. Carrión enfatizó que el destierro forzoso aplicado contra figuras eclesiásticas y disidentes marca un precedente sumamente grave que nunca antes se había registrado en la historia del país.
Para la comunidad internacional y observadores de la región, la degradación institucional en Nicaragua evidencia el colapso del Estado de derecho y la división de poderes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos continúa recopilando pruebas sobre estos abusos para sustentar resoluciones y llamados de atención de los Estados miembros.
Los panelistas concluyeron que las festividades públicas autorizadas no representan una apertura democrática, sino un cálculo táctico para eludir sanciones externas. En los hechos, las congregaciones continúan bajo vigilancia permanente, horarios restringidos y censura gubernamental sobre los contenidos pastorales.
Datos clave
- Denuncia formal: Representantes de derechos humanos y sacerdotes exiliados acusaron ante la CIDH que el régimen nicaragüense simula tolerancia para engañar a la comunidad internacional.
- Vigilancia extrema: Las procesiones recientemente permitidas se desarrollan con fuerte presencia policial que altera rutas y limita el contacto de los devotos con las imágenes.
- Ataques sistemáticos: La persecución incluye confiscación de bienes de la Iglesia, anulación de figuras jurídicas, arrestos arbitrarios y destierro forzado de religiosos.
- Incomparecencia estatal: El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo declinó participar de la audiencia celebrada en el marco del 197 período de sesiones en Panamá.
