El Parlamento Centroamericano conformó su junta directiva para el período 2026-2027 sin incluir a delegados de Nicaragua, tras la determinación de Managua de desvincularse del bloque. La designación se llevó a cabo conforme a los mecanismos electorales internos del organismo regional en su sede administrativa de Guatemala. La presidencia quedó asignada a la delegación de Honduras tras la sesión oficial.
Reconfiguración del Parlamento Centroamericano
La conducción general del Parlamento Centroamericano estará a cargo del legislador hondureño Samuel Armando Reyes, según lo anunciado por los canales institucionales del foro. Las autoridades electorales internas supervisaron el cumplimiento del quórum reglamentario y la verificación formal de las candidaturas registradas para cada cargo. El acto protocolar de asunción de autoridades quedó fijado para llevarse a cabo ante el plenario general.
La conformación de la mesa ejecutiva incorpora a representantes parlamentarios de Honduras, Guatemala, El Salvador, República Dominicana y Panamá. Para las vicepresidencias resultaron electos Ruddy Miguel Girón por Guatemala, Ana Guadalupe Mejía en representación salvadoreña, Nambia Angola Didiez por la delegación dominicana y Lesly Ariel Miranda por Panamá. Ningún legislador perteneciente a Nicaragua fue contemplado en la nómina final.
En los cargos de secretaría resultaron designados Olman Renguéta, José Salomón Reyes, Heidy Carolina Mira, Catalina Olea Salazar y Eric Alexander Villarreal. Dichos nombramientos se concretaron aun cuando el marco normativo de El Salvador ya no contempla estas bancadas regionales de forma directa. La distribución de los puestos respetó el principio de rotación alfabética fijado en los reglamentos vigentes.
La salida formal anunciada por Managua
La ausencia de representantes nicaragüenses se produjo semanas después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua remitiera una notificación formal para desconocer el acuerdo constitutivo. Aquella comunicación diplomática, dirigida a la mesa directiva y a la Cancillería de Guatemala como depositaria oficial, pretendía consumar un alejamiento inmediato del bloque de integración regional.
Sin embargo, diversos analistas y autoridades legislativas puntualizan que el instrumento constitutivo no establece una cláusula expresa para consumar un abandono unilateral e inmediato. Frente a esta circunstancia de orden legal, la presidencia previa encabezada por Karla Gutiérrez convocó a reuniones extraordinarias con el fin de evaluar las implicancias operativas, jurídicas y diplomáticas para el funcionamiento de las comisiones de trabajo.
Consecuencias diplomáticas e institucionales
La determinación adoptada por el gobierno nicaragüense tuvo lugar tras pronunciamientos de la Organización de los Estados Americanos respecto a libertades públicas y condiciones para la competencia electoral. La medida profundiza el distanciamiento de Managua respecto a los distintos órganos multilaterales del continente, debilitando los espacios comunes de interlocución política en Centroamérica.
Desde su conformación a finales de la década de 1980 e inicio de sesiones en 1991, el Parlamento Centroamericano ha funcionado como foro deliberativo de integración subregional. Este tipo de controversias institucionales genera especial atención internacional y en bloques como el Mercosur, donde los tratados constitutivos establecen las condiciones jurídicas para la participación y permanencia de cada Estado miembro.
Datos clave
- Nueva conducción: El diputado hondureño Samuel Armando Reyes asumirá la presidencia del órgano regional durante el período 2026-2027.
- Exclusión oficial: Ningún representante de Nicaragua integra la mesa directiva tras la comunicación de Managua sobre su retiro inmediato.
- Bloque multinacional: La conducción reúne a legisladores de Honduras, Guatemala, El Salvador, República Dominicana y Panamá.
- Vacío normativo: El tratado constitutivo carece de un procedimiento específico para la denuncia unilateral e inmediata de sus miembros.
