El manejo incorrecto del historial de crédito derivó en sanciones económicas para diversas entidades comerciales y financieras en Panamá. Durante los primeros nueve meses de 2026, las penalizaciones sumaron 65.200 dólares, de acuerdo con los registros oficiales de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia. Las medidas alcanzaron a entidades bancarias, agencias de cobro, cooperativas y firmas importadoras.
La entidad reguladora panameña fundamentó las determinaciones en los incumplimientos a la Ley 24 de 2002, normativa encargada de regir los servicios de referencias crediticias. Las infracciones obedecieron a inconsistencias, omisiones y fallas técnicas que perjudicaron a los usuarios frente a futuras solicitudes de financiamiento.
Sectores económicos con mayores sanciones
El área de cobros encabezó la lista de infracciones con 12 multas que representaron un total de 24.000 dólares. El Departamento de Investigación del organismo de control detalló que las entidades bancarias ocuparon el segundo escalón en cantidad de casos, tras acumular seis penalidades por un valor conjunto de 15.100 dólares.
Por su parte, el sector cooperativo recibió dos penalizaciones que alcanzaron 7.100 dólares, mientras que las empresas financieras sumaron dos medidas disciplinarias por 4.000 dólares. Asimismo, una firma importadora y distribuidora fue sancionada con una multa individual de 15.000 dólares debido a irregularidades administrativas.
Principales irregularidades detectadas en los registros
La falta de mayor frecuencia correspondió a la incorporación indebida de datos de usuarios que nunca tuvieron una relación comercial previa con el agente económico. Esta práctica concentró diez penalidades y sumó 19.000 dólares del monto global aplicado en primera instancia por los fiscalizadores.
También se aplicaron cuatro multas por 14.200 dólares al constatarse que no se eliminaron referencias que ya habían cumplido el período de prescripción legal. A esto se sumaron cuatro sanciones de 9.000 dólares por fallas al rectificar códigos numéricos y tres medidas de 6.000 dólares por no suprimir observaciones de cuentas contra reserva. Una entidad recibió una multa de 15.000 dólares por no actualizar una cuenta activa a cancelada, mientras que otra empresa abonó 2.000 dólares por suprimir datos originales tras una reestructuración.
La relevancia del historial de crédito en el sistema financiero
La veracidad y la actualización de los registros que componen el historial de crédito de una persona resultan vitales para garantizar el acceso equitativo a préstamos y servicios. Al igual que sucede con los burós de crédito en Paraguay, un reporte erróneo puede cerrarle a un ciudadano la posibilidad de alquilar una vivienda, financiar un vehículo o solicitar una tarjeta.
La legislación vigente en el país centroamericano exige que todas las personas jurídicas o naturales que administran antecedentes comerciales respeten la veracidad de los datos. Esta disposición cobija tanto a las compañías que manejan información financiera de manera interna como a las plataformas informáticas dedicadas exclusivamente al almacenamiento masivo y consulta de antecedentes comerciales.
Quejas de los consumidores y derechos de rectificación
Entre enero y septiembre de 2026, la autoridad competente procesó 724 reclamos presentados directamente por consumidores afectados. Las presentaciones ciudadanas solicitaron la eliminación de datos indebidos, la rectificación del historial de crédito cuando existan inconsistencias y la actualización obligatoria de deudas canceladas.
En el periodo equivalente del año anterior, los reclamos habían sumado 1.059 casos. Los organismos de control recomendaron a la ciudadanía verificar periódicamente sus antecedentes comerciales para advertir a tiempo cuentas dudosas o estados financieros que ya no correspondan a su realidad actual.
Datos clave
- Monto total de sanciones: La autoridad de defensa al consumidor aplicó multas por 65.200 dólares en los primeros nueve meses del año.
- Infracción más frecuente: Se aplicaron diez multas por incluir en el sistema a personas que jamás tuvieron vínculo con la empresa informante.
- Sectores más castigados: Las agencias de cobranza lideraron la nómina con 12 sanciones, seguidas por la banca con seis casos.
- Reclamos procesados: La institución pública recibió 724 quejas de ciudadanos por errores o desactualización en sus reportes.
