La deportación a terceros países aplicada por las autoridades de Estados Unidos ha generado alarma internacional tras el traslado forzoso de solicitantes de asilo LGBTQ a naciones donde enfrentan severos riesgos contra sus vidas e integridad física. Pese a contar en varios casos con fallos judiciales que frenaban su devolución a sus lugares de origen por peligro de persecución, decenas de personas han terminado en territorios desconocidos con legislaciones y entornos sociales profundamente hostiles.
Esta medida, ejecutada a través de acuerdos bilaterales firmados por Washington, ha despertado el rechazo frontal de defensores de derechos humanos y juristas especializados en temas migratorios.
El traslado a destinos donde rige la persecución
El mecanismo de la deportación a terceros países se apoya en convenios suscritos por la administración estadounidense con más de 35 naciones, principalmente de África y América Latina, según datos recabados por la organización civil Third Country Deportation Watch. Al amparo de estos tratados, las autoridades norteamericanas envían a extranjeros que no calificaron formalmente para el asilo hacia territorios con los que no guardan ningún vínculo previo de idioma, cultura ni redes familiares.
Entre las personas afectadas figura Aylin, una mujer lesbiana de origen turco que huyó de amenazas de muerte y a quien un magistrado de inmigración le concedió la suspensión de la expulsión hacia Turquía. Sin embargo, tras permanecer recluida un año y medio en instalaciones de detención norteamericanas, los agentes federales la subieron esposada a una aeronave con destino a la República Centroafricana. En dicha nación, si bien las relaciones entre personas del mismo sexo no están formalmente tipificadas como delito en el código penal, el Departamento de Estado estadounidense cataloga el entorno social como sumamente peligroso para las minorías sexuales.
Detenciones arbitrarias y condenas penales
La aplicación sistemática de la deportación a terceros países también alcanzó a personas como Adwoa, una joven bisexual de 21 años proveniente de Ghana. Tras ser rechazada por el sistema migratorio norteamericano, fue enviada bajo custodia a Camerún, nación donde la legislación castiga las relaciones consentidas entre adultos del mismo sexo con penas de hasta cinco años de reclusión carcelaria. La mujer permanece recluida en una dependencia gubernamental camerunesa en condiciones de total vulnerabilidad.
Desde la entidad especializada Immigration Equality, su portavoz Bridget Crawford advirtió que expulsar a colectivos trans o de orientación diversa hacia regiones donde el castigo estatal o la violencia civil están generalizados representa una violación flagrante a las obligaciones jurídicas internacionales. Representantes de derechos humanos alertan además sobre el peligro de agresiones sexuales y tratos degradantes sistemáticos contra mujeres de estas comunidades en el continente africano.
Postura oficial de Washington y pugnas judiciales
Frente a estos cuestionamientos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió el uso del instrumento legal. La dependencia sostuvo ante la prensa internacional que los tratados internacionales vigentes garantizan el debido proceso conforme a los mandatos constitucionales norteamericanos, remarcando que cualquier extranjero con orden firme de salida debe ser retirado del territorio federal conforme a las leyes aprobadas.
No obstante, un tribunal federal de apelaciones determinó recientemente la ilegalidad de diversos aspectos del esquema de traslados, cuestionando la falta de garantías procesales para que los afectados puedan impugnar su remoción forzada hacia destinos donde sus vidas corren peligro evidente. Se prevé que la controversia constitucional sea dirimida finalmente por la Corte Suprema de los Estados Unidos en los próximos meses.
Datos clave
- Práctica cuestionada: Estados Unidos utiliza convenios internacionales para trasladar a migrantes no admitidos hacia países africanos con los que no poseen arraigo.
- Riesgo comprobado: Solicitantes con amparo judicial previo fueron derivados a naciones que castigan la homosexualidad con cárcel o donde impera el repudio civil.
- Disputa legal: Tribunales federales apelativos han declarado ilegales varios mecanismos de esta política migratoria ante la ausencia de instancias efectivas de apelación.
