El reciente decomiso de cocaína valorado en más de 48 millones de dólares generó un cruce diplomático luego de que el gobierno de Nicaragua desmintiera haber servido como punto de partida del cargamento incautado en El Salvador. La Fiscalía General de la República salvadoreña sostuvo previamente que la red desmantelada movilizaba estupefacientes desde territorio nicaragüense con destino a Guatemala.
Frente a esas declaraciones, la administración encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo emitió un reclamo formal. Las autoridades nicaragüenses solicitaron antecedentes comprobables a sus pares salvadoreños para examinar los elementos que sustentan el caso.
Operativo y desarticulación de la red marítima
El despliegue policial y judicial se ejecutó en horas de la madrugada en los departamentos salvadoreños de Ahuachapán, Usulután y La Paz. Las labores fueron coordinadas de forma conjunta entre el ministerio público y la Policía Nacional Civil del país centroamericano.
De acuerdo con los reportes oficiales, el esquema delictivo captaba a pescadores artesanales en la costa salvadoreña. Estas personas facilitaban lanchas, aprovisionamiento de combustible y dispositivos de posicionamiento satelital para guiar los traslados ilegales a través del océano Pacífico.
Las averiguaciones en torno a esta estructura comenzaron formalmente en julio de 2024. A lo largo de las distintas fases investigativas, los intervinientes requisaron 1.917 kilos del estupefaciente y confiscaron seis embarcaciones que servían para el desplazamiento del producto ilícito.
Antes de las últimas capturas, una docena de sospechosos ya se encontraba bajo arresto preventivo. Los últimos individuos aprehendidos enfrentarán cargos por presunto tráfico ilícito, tráfico ilícito de carácter internacional y agrupaciones ilícitas en los tribunales salvadoreños.
La postura de Managua ante el decomiso de cocaína
La respuesta nicaragüense se conoció pocas horas después mediante una nota verbal remitida al Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. En dicho documento, la representación de Managua cuestionó la afirmación de que el cargamento hubiera zarpado desde su litoral.
El gobierno de Ortega y Murillo aseguró que no dispone de antecedentes verificables sobre el caso y requirió informes precisos por los canales institucionales. La intención comunicada consiste en evaluar los datos con rigor jurídico y diplomático antes de sentar una posición definitiva.
Asimismo, el comunicado oficial enfatizó el compromiso estatal nicaragüense en el combate a la delincuencia transnacional organizada. No obstante, las autoridades salvadoreñas aclararon que la pesquisa no involucra de momento a funcionarios ni a instituciones públicas de Nicaragua.
Rutas de tránsito y repercusión regional
El corredor marítimo del Pacífico continúa siendo una de las vías predilectas de las bandas criminales para el transporte de sustancias hacia el norte del continente. En este esquema geográfico, Centroamérica suele operar como puente estratégico entre los focos de producción sudamericanos y los centros de consumo.
La controversia tras este decomiso de cocaína refleja la sensibilidad que despiertan los señalamientos de rutas ilícitas entre Estados vecinos. La coordinación judicial y el intercambio fluido de inteligencia resultan determinantes para contener las operaciones fluviales y marítimas de estas organizaciones ilícitas.
Datos clave
- Cargamento millonario: Las fuerzas salvadoreñas decomisaron 1.917 kilos de droga tasados en 48.193.380 dólares durante investigaciones iniciadas en julio de 2024.
- Rechazo diplomático: Nicaragua negó que la sustancia ilícita partiese de su territorio y exigió pruebas oficiales por los canales de cancillería.
- Modus operandi: La red investigada utilizaba a pescadores locales para abastecer con combustible, lanchas y navegación satelital a las lanchas en tránsito hacia Guatemala.
- Sin funcionarios implicados: La Fiscalía salvadoreña precisó que la investigación no apunta a dependencias estatales nicaragüenses.
