El caso Pandora Panamá sumó un nuevo capítulo procesal tras la orden de detención preventiva dictada contra Arnold Salgado Galeano, exvicepresidente de Finanzas y Contabilidad de BAC Panamá. La jueza de garantías Sandra Castillo admitió la imputación por presunta delincuencia organizada y corrupción privada en una audiencia judicial. Las pesquisas del Ministerio Público indagan un esquema irregular con créditos fiscales que habría ocasionado un perjuicio económico al Estado superior a los 40 millones de dólares.
Las revelaciones en el caso Pandora Panamá
Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscalía presentó el testimonio de Carlos Ferguson, señalado como intermediario en las transacciones investigadas. Ferguson declaró haber entregado al exdirectivo 50.000 dólares divididos en dos pagos en estacionamientos de un edificio en El Dorado y de la iglesia El Santuario. Según esa declaración, el dinero constituyó una retribución por agilizar gestiones de compra vinculadas a estos instrumentos tributarios.
A las declaraciones se sumaron los hallazgos de una auditoría interna bancaria que detectó el borrado de 36 correos electrónicos institucionales. Los mensajes eliminados contenían comunicaciones directas con intermediarios y diversas sociedades que comercializaban estos instrumentos con la entidad. La jueza consideró la supresión de evidencia digital y el riesgo de fuga como elementos determinantes para decretar la medida privativa de libertad.
Argumentos de la defensa y funcionamiento de los créditos
El equipo legal del exejecutivo bancario rechazó las acusaciones y afirmó que su cliente carecía de potestad exclusiva para aprobar estas operaciones. De acuerdo con los defensores, las adquisiciones contaban con revisiones de las áreas Legal y de Cumplimiento, además de la firma del gerente general. Asimismo, recalcaron que los certificados fueron contrastados con los registros oficiales de la Dirección General de Ingresos.
La fiscalía también expuso transferencias de dinero realizadas desde las cuentas del procesado hacia cuentas bancarias de su madre. La parte acusadora consideró que estos movimientos financieros, sumados a sus ingresos de 11.000 dólares mensuales, representaban indicios para evaluar riesgos procesales. El exfuncionario ocupó su posición directiva en la institución hasta septiembre de 2026.
Los créditos fiscales constituyen saldos favorables que la administración tributaria reconoce a los contribuyentes para amortizar compromisos impositivos. En el marco del caso Pandora Panamá, las pesquisas señalan que una presunta red integrada por funcionarios públicos, particulares e intermediarios manipulaba el sistema informático e-Tax 2.0. La maniobra consistía en alterar registros para apropiarse de saldos inexistentes o ajenos y comercializarlos en el mercado.
Impacto institucional y cronograma judicial
Por su parte, la entidad bancaria reiteró que adquirió los documentos tributarios de forma lícita, amparada en certificaciones emitidas por la autoridad tributaria. La institución remarcó que colaboró voluntariamente aportando documentación desde agosto y aclaró que la pesquisa no pone en riesgo sus depósitos, solvencia ni liquidez.
Las diligencias penales vinculadas al caso Pandora Panamá se originaron tras inconsistencias registradas en 2024 y comenzaron formalmente en 2025. El 8 de julio de 2026, las autoridades ejecutaron más de 25 allanamientos en Panamá, Colón, Coclé y Panamá Oeste. Con la incorporación del exbanquero, la causa acumula más de una veintena de personas imputadas, mientras el Tribunal Superior de Apelaciones revisará la detención preventiva el 27 de octubre.
Datos clave
- Medida cautelar: La jueza Sandra Castillo dictó detención provisional para Arnold Salgado Galeano por presunta corrupción privada y delincuencia organizada.
- Declaración de intermediario: Carlos Ferguson testificó haber entregado 50.000 dólares en efectivo al exejecutivo en dos estacionamientos para acelerar trámites.
- Evidencia suprimida: Una auditoría bancaria detectó el borrado de 36 correos electrónicos corporativos relacionados con las firmas vendedoras.
- Perjuicio al Estado: El esquema de manipulación en el sistema tributario e-Tax 2.0 ocasionó una lesión patrimonial estimada en más de 40 millones de dólares.
