En el marco de la crisis de Ueno Bank, la Asociación Rural del Paraguay manifestó su rotundo rechazo a la iniciativa parlamentaria que busca ampliar el Fondo de Garantía de Depósitos para devolver los recursos estatales depositados en la entidad intervenida. El gremio rural emitió este miércoles un comunicado en Asunción para exhortar al Congreso Nacional a desestimar la propuesta. La organización considera inadmisible comprometer los fondos del sistema financiero para asumir pérdidas derivadas de administraciones cuestionadas.
La institución gremial puntualizó que la prioridad de cualquier mecanismo de contingencia debe centrarse en los pequeños depositantes y ahorristas particulares. Sin embargo, subrayó que no resulta legal ni ético usar los recursos colectivos del sistema para responder por el dinero de las instituciones estatales. Según argumentan los directivos rurales, esta medida equivaldría a socializar los perjuicios generados por decisiones ajenas.
El impacto de la crisis de Ueno Bank en los ahorristas
La postura de la ARP sostiene que el Fondo de Garantía de Depósitos fue diseñado exclusivamente para blindar a los clientes del sistema bancario conforme a los límites de la ley paraguaya. Si se utilizara dicho patrimonio para cubrir íntegramente los fondos públicos, se distorsionaría la finalidad de un mecanismo sostenido por los aportes de las entidades y sus usuarios.
Desde la óptica de la nucleación productiva, una alteración de este tipo castigaría de forma injusta a los contribuyentes y ahorristas. Para la entidad gremial, no corresponde que el esfuerzo financiero de miles de personas sirva para saldar los agujeros provocados por manejos financieros deficientes. Por ello, exigieron que la cobertura ordinaria mantenga sus techos reglamentarios sin excepciones arbitrarias.
Cuestionamientos a las decisiones sobre fondos públicos
El núcleo del debate reside en las cuantiosas sumas pertenecientes al Instituto de Previsión Social, a las cajas de jubilaciones y a otros entes gubernamentales que terminaron depositadas en la firma en cuestión. La ARP remarcó que ese dinero no llegó por casualidad, sino por resoluciones concretas de funcionarios públicos que administraban esos patrimonios.
En ese sentido, el gremio insistió en que los administradores responsables deben rendir cuentas ante las autoridades judiciales correspondientes. La organización sostiene que el resarcimiento del erario debe lograrse persiguiendo los activos personales de los involucrados en la gestión cuestionada, en lugar de recurrir al patrimonio acumulado del sistema bancario nacional.
Precedentes de riesgo para el sistema financiero
El sector ganadero y agropecuario alertó que aprobar una cobertura excepcional sentaría un pésimo precedente para el país. En medio de la crisis de Ueno Bank, modificar las reglas de protección financiera podría debilitar la credibilidad de las instituciones económicas ante los mercados internacionales y los propios depositantes paraguayos.
A este reclamo se sumaron otras organizaciones del sector privado, como la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay, las cuales coinciden en proteger a los pequeños ahorristas sin desnaturalizar las normativas bancarias. El sector empresarial teme que futuras administraciones públicas vuelvan a colocar fondos estatales sin medir riesgos si saben que siempre existirá un rescate extraordinario.
Contexto y marco legal del fondo de garantía
El Fondo de Garantía de Depósitos opera en Paraguay bajo la tutela del Banco Central del Paraguay como un escudo de estabilidad para el sistema financiero. Su estructura prevé un tope por persona física o jurídica, asegurando que los pequeños depositantes no pierdan su capital en caso de quiebra o intervención bancaria.
Alterar este esquema legal a través de una ley especial podría comprometer la solvencia del propio fondo, aseguran los analistas económicos. Mientras el Poder Legislativo analiza los diferentes proyectos y alternativas, el sistema productivo nacional exige prudencia y respeto estricto a las leyes vigentes para salvaguardar la confianza financiera colectiva.
Datos clave
- Rechazo gremial: La Asociación Rural del Paraguay pidió al Congreso desestimar la ley que pretende cubrir con el fondo bancario la totalidad de los fondos estatales.
- Protección a ahorristas: La entidad respalda la devolución inmediata a los pequeños depositantes, pero se opone a rescatar íntegramente las colocaciones del sector público.
- Exigencia de responsabilidades: La ARP demanda que las pérdidas de entidades como el IPS y las cajas previsionales se recuperen mediante la ejecución de bienes de los responsables administrativos.
- Riesgo institucional: El sector productivo advierte que modificar las reglas del Fondo de Garantía de Depósitos crearía un precedente adverso para la estabilidad financiera de Paraguay.
