El ecosistema de las criptomonedas en Panamá continúa desarrollándose al margen de la supervisión bursátil tradicional, según reiteradas resoluciones técnicas emitidas por la Superintendencia del Mercado de Valores. La autoridad reguladora determinó que las plataformas de intercambio digital y los activos virtuales no encajan dentro de la definición legal de valores. Por este motivo, las entidades dedicadas a estas transacciones no están obligadas a tramitar licencias ni someterse a inspecciones oficiales para operar.
Esta interpretación técnica implica que cualquier ciudadano puede comercializar monedas digitales o adquirir representaciones digitales de acciones extranjeras desde su teléfono sin que medie amparo del supervisor financiero. Las autoridades administrativas señalaron que la legislación no les otorga facultades para intervenir en este sector tecnológico, dejando las operaciones bajo la exclusiva responsabilidad de las partes involucradas.
Criterios institucionales sobre activos virtuales
La postura del ente regulador mantiene una línea coherente que comenzó a estructurarse formalmente a finales de 2018. En aquella oportunidad, la entidad resolvió que las monedas virtuales carecen de las características jurídicas para ser catalogadas como valores negociables dentro de la plaza financiera. Esta misma conclusión se aplicó a esquemas de digitalización orientados a respaldar metales preciosos o instrumentos bursátiles externos mediante certificados digitales.
Posteriormente, revisiones técnicas efectuadas en 2023 y 2025 ratificaron que las casas de valores tienen prohibido prestar servicios de custodia o intermediación sobre estos recursos tecnológicos. Para sustentar esta separación jurídica, el organismo adoptó los parámetros del Grupo de Acción Financiera Internacional, diferenciando estrictamente los instrumentos financieros clásicos de los activos virtuales descentralizados.
El debate legal de las criptomonedas en Panamá
A pesar de que el comercio de criptomonedas en Panamá ha experimentado un constante crecimiento, las iniciativas para dotar de un marco normativo a la actividad no han prosperado en el parlamento. Un proyecto integral aprobado por la Asamblea Nacional terminó vetado por el Poder Ejecutivo y posteriormente fue declarado inexequible por la Corte Suprema de Justicia a mediados de 2023.
Desde aquel fallo judicial, el tratamiento normativo permanece estancado en el ámbito legislativo ordinario. Cuatro propuestas distintas ingresaron entre 2025 y los primeros meses de 2026, abarcando desde reglas de prevención de blanqueo de capitales hasta una ley marco para servicios financieros tecnológicos, aunque ninguna cuenta con fecha definida para iniciar el debate correspondiente.
Desafíos para el mercado de capitales local
Representantes de la Bolsa de Valores de Panamá han manifestado la necesidad de habilitar alternativas locales para negociar instrumentos digitales y fondos cotizados bajo esquemas transparentes. La falta de estos vehículos en el circuito formal empuja a los inversionistas a recurrir a plataformas del exterior o a intermediarios no supervisados para gestionar sus portafolios.
El vacío regulatorio actual mantiene un escenario ambiguo para quienes compran criptomonedas en Panamá desde dispositivos móviles. Mientras la tecnología facilita el acceso instantáneo a múltiples herramientas de inversión, el marco legal vigente carece de mecanismos para respaldar a los usuarios en caso de controversias o insolvencia de los operadores.
Datos clave
- Sin supervisión bursátil: La Superintendencia del Mercado de Valores reiteró que las plataformas de intercambio digital no necesitan autorización ni licencias oficiales para prestar servicios.
- Límites operativos: Las casas de valores autorizadas en el país tienen terminantemente prohibido custodiar, adquirir o vender monedas digitales para sus clientes.
- Antecedentes judiciales: La Corte Suprema de Justicia invalidó en 2023 una iniciativa legal aprobada por la Asamblea Nacional que buscaba ordenar el rubro.
- Proyectos pendientes: Cuatro anteproyectos orientados a tecnologías financieras y activos digitales aguardan su tratamiento en el parlamento sin calendario fijado.
