El programa de residencia por inversión sumó 268 operaciones certificadas en Panamá entre julio de 2025 y junio de 2026, lo que representó un monto total de 113,6 millones de dólares. Las cifras oficiales divulgadas por el Ministerio de Comercio e Industrias reflejan un incremento sustancial frente al período anterior, cuando se habían registrado 193 certificados valorados en 90,1 millones de dólares. El sector inmobiliario concentró la gran mayoría de estas operaciones al representar el 87,3 % de los trámites aprobados.
El auge del programa de residencia por inversión en la región
Panamá se posicionó durante los últimos años como un destino estratégico para capitales extranjeros que buscan diversificación patrimonial y estabilidad en una economía dolarizada. Compradores de Colombia y Estados Unidos lideran las cifras de inversionistas calificados interesados en resguardar su capital en el mercado centroamericano. Para los empresarios del continente, contar con una alternativa migratoria respaldada por activos tangibles ofrece una cobertura relevante frente a fluctuaciones macroeconómicas locales.
Desde el sector de bienes raíces, empresas especializadas destacan la importancia de evaluar los antecedentes jurídicos antes de concretar una compra. La desarrolladora Valor Development, con proyectos en Panamá desde 2012, explicó que los inversionistas enfrentan el desafío de coordinar normativas binacionales. Las decisiones acertadas requieren verificar la solvencia del promotor, los esquemas de pago y las responsabilidades tributarias que se asumen de manera simultánea en ambos países.
Nuevas exigencias de capital y condiciones bancarias
En septiembre pasado entró en vigor una modificación a los requisitos para acceder a este régimen migratorio. Quienes opten por la compra de una vivienda nueva de primera venta deben desembolsar al menos 300.000 dólares, mientras que el umbral asciende a 500.000 dólares si se trata de propiedades en el mercado de reventa. Las disposiciones buscan canalizar recursos hacia construcciones recientes y dinamizar la industria de la edificación local.
El decreto gubernamental también contempla una alternativa puramente financiera para tramitar la residencia por inversión sin necesidad de adquirir inmuebles. Los interesados pueden realizar una imposición a plazo fijo de 500.000 dólares en entidades bancarias estatales como el Banco Nacional de Panamá o la Caja de Ahorros. En cualquiera de los caminos elegidos, la normativa dictamina que el solicitante debe comprobar documentadamente que los fondos provienen desde el exterior.
Aspectos legales y tributarios clave para compradores
La compra sobre planos en desarrollos habitacionales representa oportunidades de valorización, aunque demanda una diligencia rigurosa por parte del interesado. Los especialistas sugieren verificar la existencia de licencias de construcción, el historial de entrega de las firmas constructoras y la presencia de patrimonios autónomos fiduciarios. Este tipo de estructuras garantiza que los desembolsos de los compradores queden custodiados por una fiduciaria hasta que la obra alcance las metas estipuladas contractualmente.
En el terreno impositivo, la Dirección General de Ingresos de Panamá somete las rentas por alquiler al impuesto sobre la renta desde el primer cobro. Aquellas personas que gestionan la residencia por inversión pensando en generar rendimientos periódicos deben incorporar este gravamen en sus cálculos de rentabilidad. Un asesoramiento legal y tributario previo evita contingencias fiscales y asegura que la inversión cumpla con todas las regulaciones de origen y destino.
Datos clave
- Crecimiento sostenido: Panamá otorgó 268 certificaciones por 113,6 millones de dólares entre julio de 2025 y junio de 2026.
- Predominio inmobiliario: Las compras de bienes raíces concentraron el 87,3 % del total de las operaciones avaladas por las autoridades comerciales.
- Nuevos montos mínimos: La reglamentación exige 300.000 dólares en vivienda a estrenar y 500.000 dólares en reventa o depósitos a plazo fijo bancarios.
- Obligaciones fiscales: La Dirección General de Ingresos grava el arrendamiento de propiedades inmobiliarias bajo el régimen de impuesto a la renta.
