La empresa británica notificó formalmente la terminación del contrato entre ATOME y ANDE acordado en 2022, una medida orientada a cerrar el esquema previo mientras continúan las conversaciones bilaterales. La iniciativa busca preservar la ejecución de una planta de fertilizantes de bajas emisiones en Villeta, valorada en 665 millones de dólares. Por el momento, esta decisión administrativa no constituye el abandono del plan de inversión ni el inicio formal de una demanda arbitral contra el Estado paraguayo.
Antecedentes y alcance del contrato entre ATOME y ANDE
El acuerdo original consistía en un esquema de compra de energía a largo plazo para suministrar 145 megavatios de potencia al complejo proyectado en el departamento Central. Con el paso de los meses, las partes enfrentaron discrepancias en torno a las condiciones comerciales y técnicas indispensables para cerrar el financiamiento bancario internacional.
Ante ese escenario, la compañía propuso un acuerdo de suspensión temporal para congelar los compromisos vigentes mientras se estructuraba una salida consensuada. Al no prosperar dicha pausa, la firma notificó la rescisión del instrumento para eludir responsabilidades operativas futuras hacia fines del año corriente.
Pese a la extinción del vínculo legal previo, los representantes de la firma manifestaron su intención de renegociar el contrato entre ATOME y ANDE bajo nuevas pautas que vuelvan viable la obra fabril. La meta corporativa se enfoca en reemplazar el instrumento original por una alternativa económica moderna y plenamente financiable.
El periodo de tres meses para evitar el arbitraje
En paralelo a la rescisión energética, la empresa presentó un Aviso de Controversia e Intención de Someter una Reclamación a Arbitraje bajo el tratado bilateral de inversiones con el Reino Unido. Dicha gestión jurídica estuvo motivada por cambios regulatorios y la derogación de decretos presidenciales vinculados a las pautas tarifarias.
La Procuraduría General de la República puntualizó que la notificación oficial no equivale a una demanda judicial en curso. El documento legal activa una etapa de consultas amistosas de tres meses para acercar posiciones y desalentar un eventual litigio.
Desde el Ejecutivo recalcaron que se analizan los argumentos corporativos con cautela técnica. Si bien el litigio internacional representa un riesgo financiero considerable, los canales de diálogo permanecen abiertos para desactivar el conflicto antes de cualquier reclamo formal ante tribunales extranjeros.
Discrepancias tarifarias y viabilidad económica
El núcleo de las discrepancias radica en la tarifa energética requerida por el proyecto. Según trascendidos de las tratativas, la compañía buscaba asegurar una tarifa próxima a 30 dólares por megavatio hora, mientras que la administración eléctrica estatal defendía un piso cercano a 36 dólares por megavatio hora.
Desde la perspectiva de la estatal eléctrica, cualquier acuerdo debe salvaguardar la sustentabilidad patrimonial del sistema paraguayo y evitar ventajas que califiquen como subsidios indebidos. En contrapartida, la firma privada sostiene que su propuesta solo pretendía dotar de bancabilidad al emprendimiento industrial.
Las autoridades nacionales mantienen bajo análisis la posibilidad de estructurar otro esquema de suministro con garantías equilibradas. El desenlace dependerá de la capacidad técnica para consensuar una tarifa competitiva sin lesionar las finanzas de la empresa pública.
Datos clave
- Inversión proyectada: El plan fabril en Villeta contempla un desembolso estimado en 665 millones de dólares para producir fertilizantes limpios.
- Potencia asignada: El acuerdo original establecía la provisión de 145 megavatios por parte del sistema interconectado nacional.
- Plazo de negociación: Rige una ventana diplomática de tres meses tras la notificación para buscar un acuerdo antes de llegar a un arbitraje exterior.
