La decisión vinculada al contrato de Atome oficializó la rescisión del acuerdo suscrito con la Administración Nacional de Electricidad para el suministro eléctrico de su proyectada planta industrial. La compañía de origen británico comunicó esta determinación a la Bolsa de Londres mientras mantiene activo su proceso de reclamo internacional contra el país. A pesar de este paso formal, los representantes del proyecto afirman que continúan abiertos a negociar nuevos términos con las autoridades nacionales.
Antecedentes de la rescisión y el reclamo internacional
El compromiso original entre las partes se firmó en mayo de 2022 y contemplaba la provisión de una potencia de 145 megavatios destinada a una planta de amoníaco e hidrógeno verde en Villeta. Ante la imposibilidad de acordar una suspensión temporal del documento, la firma prefirió la salida contractual directa para limitar probables responsabilidades legales. Según expuso la entidad inversora, los efectos de esta desvinculación serán efectivos de forma plena hacia finales de 2026.
Paralelamente, la firma internacional remitió un aviso formal de disputa que anticipa un arbitraje internacional bajo las reglas del tratado bilateral de inversiones con el Reino Unido. En esa notificación se argumenta que Paraguay afectó las expectativas de inversión al modificar decretos que respaldaban tarifas fijas y contratos a largo plazo. La firma exige una compensación millonaria alegando un perjuicio directo sobre el esquema de financiamiento que requería el proyecto.
A pesar de la acción planteada contra las autoridades locales, la compañía sostiene que mantiene conversaciones de buena fe con la empresa estatal de electricidad. La meta declarada por los directivos extranjeros es construir una alternativa vial para la compraventa de potencia que respete los objetivos ambientales y la responsabilidad social institucional.
La postura de la ANDE sobre el contrato de Atome
Desde la administración de la empresa eléctrica estatal, la perspectiva sobre el contrato de Atome es significativamente distante de las pretensiones privadas. El titular de la institución pública, Miguel Báez, expuso ante el Congreso Nacional que la firma británica no ejecutó obras físicas de significancia en el terreno asignado de Villeta. Según la verificación técnica realizada en el sitio, solo se instaló cartelería publicitaria sin avances concretos en la infraestructura prometida.
El historial de modificaciones al compromiso inicial abarca tres adendas suscritas a lo largo de los últimos dos años. A través de estos documentos, la fecha fijada para el inicio de las operaciones industriales se postergó en reiteradas ocasiones hasta establecerse tentativamente para inicios de 2027. Sin embargo, recientemente la firma solicitó una nueva prórroga para posponer el arranque productivo hasta 2029, situación que generó suspicacia en el sector público.
La reserva de potencia contratada en la central hidroeléctrica de Itaipú implica costos financieros que el Estado debe asumir de forma previa. Por esa razón, el retraso acumulado en el inicio de operaciones genera descalces económicos para la empresa distribuidora estatal.
Las discrepancias tarifarias y las exigencias de garantía
El núcleo central del conflicto no reside en un problema legal sino en una divergencia comercial referente a los pliegos tarifarios vigentes. La empresa privada pretende desvincularse del marco tarifario habitual de 36 dólares por megavatio hora para conseguir una tarifa preferencial de 30 dólares fijos a largo plazo. Desde el Gobierno nacional enfatizaron que la ley prohíbe comercializar energía por debajo de los costos de producción y comercialización prestablecidos.
Para sostener la vigencia de los compromisos sin aplicar la rescisión, la institución requirió la presentación de una garantía financiera bancaria antes de finalizar el plazo otorgado. El costo anual estimado de la energía reservada asciende a 40 millones de dólares, por lo que la póliza exigida corresponde al dos por ciento de dicho importe, equivalentes a unos 800.000 dólares. El incumplimiento de esta obligación colateral otorga sustento a la cancelación formal del acuerdo de provisión.
La resolución definitiva de esta controversia medirá la capacidad del país para atraer capitales internacionales protegiendo los activos estratégicos nacionales. Las autoridades insisten en que las condiciones contractuales deben garantizar beneficios mutuos sin lesionar el patrimonio público.
Datos clave
- La empresa británica Atome notificó a la Bolsa de Londres la finalización de su contrato de compra de potencia de 145 MW con la ANDE.
- El reclamo internacional de arbitraje contra Paraguay por supuesta violación del tratado bilateral de inversiones asciende a 665 millones de dólares.
- Las exigencias de garantía planteadas por las autoridades requerían una póliza bancaria de aproximadamente 800.000 dólares para mantener la reserva energética.
- La discrepancia en la tarifa radica en el intento de la firma de abonar 30 dólares por MWh en lugar de la tarifa regulada de 36 dólares.
