Una condena por peculado fue dictada por el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José contra un alto mando policial de Costa Rica, tras comprobarse que utilizó móviles oficiales y personal a su cargo para fines particulares. La resolución recayó sobre el funcionario de apellidos Solís Blanco, quien cumplía funciones como segundo al mando en la Delegación de la Fuerza Pública del cantón de Flores, en la provincia de Heredia.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción confirmó la sentencia impuesta de tres años de privación de libertad por la comisión reiterada de tres ilícitos tipificados como peculado de uso. No obstante, los jueces concedieron el beneficio de ejecución condicional de la pena por el mismo plazo, por lo que el sentenciado no ingresará a prisión mientras mantenga buena conducta y evite incurrir en nuevas transgresiones penales.
Diligencias personales con recursos del Estado
El Ministerio Público demostró durante el debate oral que el mando policial desvió recursos estatales en tres momentos específicos para ocuparse de intereses ajenos a su labor preventiva. En una de las situaciones registradas, ordenó que una patrulla lo trasladara para acudir a un compromiso privado desarrollado en un establecimiento hotelero situado en Santo Domingo de Heredia.
Asimismo, las pesquisas judiciales acreditaron que el uniformado dispuso que una unidad oficial acudiera hasta su domicilio particular en la localidad de Alajuela para recogerlo. En una tercera oportunidad, obligó a sus subalternos a desplazarse en un móvil institucional hacia su vivienda con el único propósito de retirar unos anteojos para su uso cotidiano.
El tribunal concluyó que el procesado sacó provecho indebido de su rango jerárquico dentro de la Fuerza Pública. Con ello forzó a efectivos subordinados a desatender sus tareas de vigilancia y seguridad comunitaria para resolver gestiones de índole personal.
Detalles de la condena por peculado y sanciones
La sentencia judicial, tramitada bajo el expediente 24-000005-1880-PE, fijó también una inhabilitación absoluta de tres años para desempeñar cualquier cargo, empleo o función en el sector público. Los juzgadores remarcaron que el actuar del imputado vulneró frontalmente el principio de probidad administrativa, la legalidad y la correcta custodia de los activos gubernamentales asignados a la protección ciudadana.
Esta condena por peculado incluyó la admisión plena de un reclamo civil formulado por el Estado costarricense ante los perjuicios causados a la imagen institucional del Ministerio de Seguridad Pública. El tribunal determinó que la actuación del mando policial dañó de forma evidente la credibilidad ciudadana en las fuerzas de seguridad y el orden administrativo general.
Frente a este escenario, Solís Blanco fue obligado a pagar más de 4,3 millones de colones costarricenses, suma equivalente a unos 9.500 dólares estadounidenses. El monto comprende 3 millones de colones por concepto de daño social, 600.000 colones por costas personales, 726.000 colones por honorarios de la querella y los respectivos intereses legales acumulados hasta la liquidación final.
Alcance legal del peculado de uso
El marco punitivo costarricense sanciona el peculado de uso cuando un funcionario aprovecha de manera ilegítima bienes, vehículos, maquinaria o personal subordinado del Estado en provecho particular o de terceros. La figura penal se perfecciona incluso cuando los elementos públicos utilizados no sean sustraídos o apropiados definitivamente por el autor del hecho ilícito.
Este tipo de resoluciones judiciales adquiere relevancia en el debate regional e internacional sobre transparencia en los cuerpos policiales. El caso refuerza los mecanismos de fiscalización interna que buscan erradicar el abuso de autoridad y preservar los recursos asignados a la seguridad ciudadana.
Datos clave
- Tribunal emisor: El Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José impuso tres años de cárcel con beneficio de ejecución condicional.
- Hechos comprobados: El subjefe policial empleó patrullas y subalternos para acudir a un hotel, trasladarse a su domicilio y mandar a buscar sus lentes.
- Inhabilitación pública: La sanción incluye tres años de suspensión absoluta para ejercer cualquier función o empleo estatal.
- Monto indemnizatorio: Deberá abonar al Estado más de 4,3 millones de colones por concepto de daño social, costas y honorarios legales.
