El debate por el presupuesto de salud en Guatemala sumó un enérgico reclamo de organizaciones sociales que piden elevar las partidas sanitarias a 20.148,73 millones de quetzales, equivalentes a unos 2.634 millones de dólares, para el ejercicio fiscal de 2027. La solicitud fue impulsada por el Foro Ciudadano por la Salud de los Pueblos junto al movimiento de comadronas, en momentos en que el Congreso de la República de ese país centroamericano analiza el plan de gastos estatal.
La coalición comunitaria argumentó que el monto planteado por el Poder Ejecutivo, de 18.615,52 millones de quetzales, resulta insuficiente para mitigar las profundas desigualdades en la atención médica que afectan a las comunidades rurales e indígenas. Para revertir ese déficit asistencial, los activistas reclaman una ampliación presupuestaria neta de 1.533,21 millones de quetzales, dinero que provendría de recortes a contratos no esenciales y una mejor redistribución de los recursos tributarios.
Áreas prioritarias para reforzar el presupuesto de salud
La propuesta civil contempla una inyección focalizada en seis áreas neurálgicas que buscan fortalecer el primer y segundo nivel asistencial. La mayor partida demandada corresponde a la prevención de la desnutrición infantil y la mortalidad en la niñez, con 553,94 millones de quetzales orientados a distribuir micronutrientes, alimentos complementarios y tratamientos para cuadros agudos.
El segundo rubro con mayor peso financiero apunta a la supervivencia materna y neonatal, con 444,08 millones de quetzales. Este segmento tiene como meta apuntalar los controles prenatales, financiar insumos para comadronas tradicionales y mejorar el seguimiento del parto en comunidades alejadas de los centros hospitalarios de referencia.
En cuanto al parque edilicio, el proyecto reserva 353,75 millones de quetzales para la construcción, ampliación y refacción de 110 dependencias sanitarias, entre puestos locales, maternidades periféricas y centros de atención integral. Por su parte, la medicina preventiva y la promoción de la salud abarcarían 151,44 millones de quetzales, destinados en parte a vacunas contra el virus del papiloma humano para niñas y adolescentes.
Medicina tradicional, salud mental e infraestructura comunitaria
El plan de las organizaciones asigna 65 millones de quetzales al programa de medicina tradicional y alternativa con enfoque en pueblos originarios. Asimismo, destina 40 millones para descentralizar los servicios de salud mental, un área que actualmente absorbe apenas el 1% de los fondos de la cartera y concentra el 90% de sus recursos en el Hospital Nacional de Salud Mental Carlos Federico Mora, con una dotación estatal de solo cuatro psiquiatras y 202 psicólogos.
Otros 17,35 millones de quetzales se dirigirían a reforzar las redes de servicios en Huehuetenango, San Marcos y Quiché, tres departamentos caracterizados por recibir el mayor caudal de ciudadanos retornados al país de manera forzada. A ello se suman 20 millones para combatir infecciones de transmisión sexual y VIH, además de 10 millones para crear mecanismos de evaluación institucional con participación de la sociedad civil.
Cuestionamientos a las transferencias hacia el sector privado
Durante la presentación de la iniciativa, el representante del colectivo civil, Luis Amado, cuestionó que el Estado mantenga convenios millonarios con entidades no gubernamentales y asociaciones privadas a través de Obligaciones del Tesoro. Según la denuncia de la coalición, estas erogaciones alcanzan los 340 millones de quetzales anuales y la propuesta gubernamental pretendía incrementarlas en otros 75 millones de quetzales.
La dirigencia ciudadana sostuvo que estas transferencias fomentan la privatización encubierta de la medicina pública. Por ello, exigieron suspender dichos aumentos, someter los convenios a auditorías externas independientes y eliminar los seguros médicos privados que se financian con fondos públicos para altos funcionarios de los poderes del Estado.
La discusión cobra relevancia en momentos en que el Legislativo guatemalteco tiene como fecha límite el 30 de noviembre para aprobar el plan general de gastos de la nación, cifrado en más de 25.100 millones de dólares. Si los parlamentarios no alcanzan consensos para sancionar la ley, quedará ratificado automáticamente el presupuesto de 2026, lo que dejaría estancado el presupuesto de salud ante una creciente demanda de insumos y cobertura en las regiones más vulnerables.
Datos clave
- Monto exigido: Piden elevar la partida sanitaria a 2.634 millones de dólares para 2027, sumando unos 200,4 millones de dólares a la propuesta original del Ejecutivo.
- Lucha contra el hambre: La partida principal destina 553,94 millones de quetzales a frenar la desnutrición infantil, tras registrarse 17.936 casos de desnutrición aguda en 2026.
- Salud materna: Proyectan 444,08 millones de quetzales para cuidar embarazos y reducir las muertes maternas, que sumaron 108 casos al primer semestre de 2026.
- Recorte a privados: Exigen auditar 340 millones de quetzales transferidos a fundaciones y suprimir seguros médicos privados para funcionarios públicos.
